Mario Mora

Aguascalientes, Aguascalientes.-Los integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado reaccionaron con indignación ante el homicidio cometido en agravio del empresario de la rama del autotransporte de carga, Luis Gerardo Medrano Ibarra. Adelantaron que esta mañana harán un pronunciamiento conjunto en contra de la inseguridad y de la delincuencia organizada, porque es necesario poner freno a este derramamiento de sangre.

Entretanto, los legisladores pertenecientes a la Comisión de Justicia analizan la posibilidad de hacer reformas sustanciales a la Legislación Penal, con objeto de negar la libertad bajo caución a delincuentes.

Varios representantes populares no ocultaron su contrariedad y pesar por lo sucedido la mañana de ayer. Señalaron que es necesario que la población aguascalentense se una con las autoridades para denunciar oportunamente cualquier movimiento sospechoso y detectar a los delincuentes.

Por su parte, la Comisión de Justicia, que preside Enrique Rangel Jiménez, continúa analizando el dictamen que contiene la iniciativa de reforma a la fracción XII del artículo 481 y derogación del artículo 483, de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Al respecto, el diputado José de Jesús Martínez González propuso a sus homólogos realizar un encuentro con integrantes del Poder Judicial, a fin de enriquecer el proyecto de Ley y así estar en posibilidades de emitir un proyecto de modificación previamente consensuado y acorde a las necesidades de la población, indicó.

Por su parte, el diputado Juan Fernando Palomino Topete coincidió en que se debe dar un encuentro con los integrantes del Poder Judicial, a través de la Procuraduría General de Justicia, con el propósito de intercambiar aportaciones que nos permitan construir un marco jurídico que establezca penas más severas a quienes delinquen y dañan el patrimonio y la tranquilidad de la ciudadanía.

Hasta el momento, la iniciativa presentada por la bancada del PRI, plantea la reducción del monto, de la afectación del patrimonio en el delito de robo, a 100 días de salario mínimo, con la intención de que el delincuente no tenga derecho al beneficio de la libertad bajo caución.