Lo que piden los transportistas y comerciantes no es evadir la ley. Buscan reglas claras, tiempos razonables de adaptación y coordinación institucional. Algo elemental en cualquier política pública que pretenda ordenar sin destruir la actividad económica.
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Mientras en el discurso oficial se insiste en posicionar al Soconusco como un polo turístico estratégico, la realidad en la frontera sur vuelve a golpear con fuerza a la economía de Tapachula y municipios aledaños. Hoy, la región enfrenta una crisis económica derivada de nuevas restricciones impuestas por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) al ingreso de autobuses procedentes de Guatemala, una medida que ha frenado de golpe el flujo de visitantes y compradores que durante años han sostenido el dinamismo comercial fronterizo.
Desde hace aproximadamente diez días, el ingreso de estas unidades quedó prácticamente paralizado. Transportistas y comerciantes guatemaltecos, representados por Anideth López, han denunciado que entre 30 y 36 autobuses semanales dejaron de cruzar hacia territorio mexicano. No es un tema menor. Se trata de turismo de compras que impacta directamente en restaurantes, hoteles, mercados, plazas comerciales y transporte local. Hoy, ese movimiento económico se encuentra detenido.
Las autoridades mexicanas ahora exigen permiso de turista para los pasajeros, además de un seguro específico para las unidades de transporte. Nadie discute la legalidad de los requisitos, el verdadero problema es la forma en que se aplicó. Sin aviso previo, sin socialización con el sector afectado y sin establecer un periodo de transición, la medida sorprendió a transportistas y operadores que se encontraron con la nueva normativa ya en frontera, sin posibilidad de ingresar.
El primer día de aplicación dejó al menos seis autobuses varados y desde entonces el flujo prácticamente se detuvo, afectando a más de 60 personas por jornada entre pasajeros, choferes y prestadores de servicios. La afectación, sin embargo, se multiplica al considerar la cadena económica que depende de estos visitantes.
Tras bambalinas, surge una interrogante que incomoda pero que es necesaria: ¿Dónde está la Secretaría de Turismo estatal? Bajo la conducción de Segundo Guillén, la dependencia no ha mostrado intención de intervenir, ni de gestionar flexibilidad en estos trámites que hoy están golpeando de manera directa al turismo fronterizo. No hubo acompañamiento, no hubo gestión institucional, ni interlocución con las autoridades federales encargadas de la medida.
Los propios afectados han tenido que tocar puertas en diversas instancias. Han solicitado respaldo a autoridades locales, estatales y al Consulado de Guatemala, entendiendo que el problema tiene implicaciones binacionales. Incluso han hecho un llamado directo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para instalar una mesa de diálogo que permita establecer un periodo de gracia que facilite la regularización de seguros y permisos sin frenar el flujo comercial que sostiene la economía fronteriza.
Tapachula y el Soconusco no pueden darse el lujo de cerrar la puerta al turismo guatemalteco, que históricamente ha sido uno de los motores comerciales más importantes de la región. Cada autobús que no cruza representa menos consumo, menos empleo y menos ingresos para cientos de familias que dependen del comercio y los servicios.
La frontera sur requiere sensibilidad política, coordinación interinstitucional y visión económica. Aplicar medidas sin planeación ni comunicación solo profundiza la crisis que vive la región. Mientras tanto, la falta de gestión y liderazgo institucional sigue pasando factura a la economía local, una realidad que ya se siente en los bolsillos de comerciantes, empresarios y trabajadores del Soconusco.
