A partir del pasado 1 de marzo se hizo efectiva mi solicitud de licencia al cargo de diputado federal con el que Querétaro me honró durante dos legislaturas, por lo que esta columna la escribo como un ciudadano más. Aprovecho esta circunstancia porque muchas veces el cumplimiento de las normas que regulan el cargo público o la propia dinámica que implica el ejercicio de sus funciones nos impiden expresarnos sobre ciertos asuntos o coyunturas. Por eso, si usted me lo permite amigo lector, a partir de esta fecha comentaré en este espacio mi opinión estrictamente personal acerca de varios temas de interés general.

En esta ocasión haré una reflexión particular de la función legislativa en México; no la del día a día en el Congreso, sino aquella a la que debemos aspirar como país. Durante casi todo el siglo XX el control político de las mayorías parlamentarias, que pertenecían al mismo partido del presidente de la República, provocó que en los hechos el Poder Legislativo estuviera supeditado a la voluntad del Poder Ejecutivo. Fue hasta la pérdida del control de la mayoría parlamentaria, en 1997, que el Congreso comenzó a tener vida propia.

Desde aquel año y hasta 2018 no hubo un solo partido que por sí solo tuviera la capacidad de lograr una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo cual generó la necesidad de alcanzar consensos en torno a los temas más importantes en la agenda pública nacional. Pronto quedó muy claro que sería indispensable incorporar a la pluralidad de los partidos representados en la Cámara para poder avanzar en la aprobación de reformas con la mayor legitimidad posible.

El Pacto por México fue el primer ensayo formal de una incorporación total de los partidos para normar la discusión de iniciativas que después serían una batería de reformas constitucionales y legales que transformaron el país por completo. Este experimento demostró que sí era posible que el Congreso legislara con autonomía de la presidencia de la República y sin que eso implicara dejar fuera de la discusión de los sectores sociales involucrados. Con ello se cumplió una máxima de la democracia: nadie debe quedar excluido de las discusiones fundamentales.

Desafortunadamente desde 2018 eso ha cambiado. Los progresos para fortalecer al Poder Legislativo, que fueron un logro de la sociedad mexicana, se perdieron cuando la nueva mayoría legislativa de Morena simplemente decidió aplicar un juego de suma cero, en donde alguien gana todo y otro pierde todo. Los resultados están a la vista: durante dos legislaturas el Congreso ha aprobado una gran cantidad de reformas contrarias a la Constitución y ha cerrado sus puertas a la participación de expertos, organizaciones y sectores que deberían ser consultados.

Un Congreso autónomo y plural beneficia a México porque garantiza que todas las voces de este país tan diverso sean escuchadas. También mejora la calidad de las leyes y agiliza que sus resultados se perciban en la realidad, pues evita el largo camino de las impugnaciones. Pero el activo más valioso que genera es evitar que las decisiones fundamentales queden en manos de una sola persona. México es una democracia, no una monarquía y nuestra larga tradición liberal nos debe llevar a rechazar tajantemente todo lo que atente contra ella.