Amparan a alianza contra ley antitabaco

Guillermo González Hudson

Los negocios afiliados a la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) podrán volver a exhibir para su venta las cajetillas de cigarros, luego de que la organización obtuviera un amparo contra la llamada Ley Antitabaco que les prohibía exponer al público dicho producto.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, informó que en días recientes un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México concedió a ANPEC un amparo definitivo que permite la exhibición de cajetillas de cigarros a todos sus afiliados.

“Con este resultado se nos restaura el derecho de ejercer la actividad comercial con total libertad, reconociéndose entonces que exhibir mercancías en los puntos de venta no constituye publicitarlas ni promoverlas, sino un derecho fundamental del comerciante y del consumidor”, sentenció Rivera.

Este fallo, explicó, marca un parteaguas en nuestra lucha contra las prohibiciones comerciales y sienta un precedente en donde se les reconoce personalidad jurídica para representar al canal en temas relevantes para los pequeños comerciantes del país.

“Con este amparo, todos los pequeños comercios afiliados a nuestra organización pueden exhibir las cajetillas de cigarro en sus puntos de venta, restaurando la libertad de comercio que nos asiste”, abundó.

El dirigente gremial acusó también que hay un doble discurso por parte del gobierno federal en cuanto a las políticas públicas, en donde rechazan prohibiciones, pero se impulsan normas prohibicionistas que no reflejan las realidades del mercado y que terminan fomentando el mercado negro, controlado por pandillas para financiar su actividad criminal.

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“Un claro ejemplo de esto es la prohibición de los vapeadores, que ahora se comercializan de manera descontrolada en lugares como Tepito, redes sociales y estaciones de metro. Sin regulación alguna, estos productos representan ahora un mayor riesgo para la salud de quienes los consumen”, explicó.

Por ello, la organización considera que el gobierno debe asumir su responsabilidad de regular y reglamentar la actividad comercial en lugar de imponer prohibiciones que sólo alimentan la informalidad y el crimen organizado.