Tendrán hasta el 31 de diciembre del 2022, para continuar con su trámite de regularización alrededor de 60 asentamientos de 10 de los 18 municipios de Querétaro
Karen Munguía / Diario de Querétaro
La LX Legislatura aprobó ampliar la vigencia de la ley para la regularización de asentamientos humanos irregulares, predios urbanos, predios rústicos, predios familiares y predios sociales del estado hasta el 31 de diciembre del 2022, con lo que podrán continuar con su trámite de regularización alrededor de 60 asentamientos de 10 de los 18 municipios de Querétaro.
Durante la sesión, el diputado local Germaín Garfias Alcántara recordó que esta ley cobró vigencia en enero de 201 7 y este viernes dejaría de ser efectiva en la entidad, por lo que destacó la aprobación de la misma en beneficio de los mil 140 mil asentamientos que existen en la entidad.
“Con esta ley estaremos apoyando para darle salida satisfactoria a estos asentamientos y, desde luego, con ello brindar bienestar y tranquilidad a la gente que ahí habita. Según datos oficiales del padrón único de asentamientos humanos que tiene la Sedesoq existe un registro de mil 140 asentamiento en el estado, de los cuales el 65% ha sido atendido, no concluido, muchos de ellos sí concluidos de manera satisfactoria y otros tanto en proceso”, informó.
Garfias Alcántara subrayó que hay un 35% de asentamientos humanos que aún requieren atención para regularizar sus predios y contar con certeza jurídica sobre los mismos; adelantó que, además, se buscará perfeccionar dicha ley que estará vigente hasta el último día del 2022 en conjunto con especialistas, académicos y autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Al respecto, Ricardo Astudillo Suárez, diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), comentó que se presentó una reforma al artículo 9 de la ley con el objetivo de prohibir la regularización de asentamientos que estén construidas en zonas naturales protegidas.
“En la mesa del presidente se denunció que había asentamientos en áreas naturales protegidas, específicamente en el parque nacional El Cimatario, en donde existe vivienda desde hace cuatro años y no hemos sido capaces de poder contrarrestar este tipo de situaciones”, expresó.
Además, enfatizó que los municipios tendrán la responsabilidad de ejecutar y respetar los programas de ordenamiento ecológico municipal. Astudillo Suárez expresó que con esta reforma planteada se busca proteger los ecosistemas, biodiversidad y cinturones verdes del estado como Peña Colorada, El Tángano, el Parque nacional Cimatario y El Batán.
“No vamos a permitir en el estado que se regularice un solo asentamiento en donde se encuentre un área natural protegida y en donde se encuentre dentro de la restricción del programa de ordenamiento ecológico municipal. La ley es muy específica, habla que no se puede regularizar donde existan zonas de riesgo, pero tampoco donde se dañe el medio ambiente”, concluyó.
