Arma DDHQ su resolución de desalojo

Respecto a los manifestantes que tomaron la avenida 5 de Febrero el pasado 10 de junio para manifestar su inconformidad contra la Ley

Francisco Segura / Diario de Querétaro

El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Javier Rascado Pérez informó que funcionarios públicos comparecieron en las indagatorias que realiza para poder emitir una resolución respecto al acontecimiento ocurrido el pasado 10 de junio, donde miembros de la Policía Estatal desalojaron a manifestantes y activistas.

Dichos manifestantes tomaron la avenida 5 de Febrero el pasado 10 de junio para manifestar su inconformidad contra la Ley que reguló y dotó de validez legal a las concesiones de agua de la entidad, que fue aprobada por el Congreso Local.

Dos de seis recomendaciones emitidas han sido respondidas; afirma DDHQ

Explicó que aún se está trabajando en la investigación del caso, puesto que han obtenido información y evidencias no sólo de las comparecencias de funcionarios públicos, sino de videos, imágenes en redes sociales e informes de autoridades.

“Seguimos en un trabajo exhaustivo en esos temas, y creo que próximamente emitiremos una resolución”, dijo el ombudsperson.

Aclaró que no hay una Ley en donde se determine un tiempo para poder emitir resoluciones, puesto que al principio se dio un plazo de seis meses para poder investigar sobre lo ocurrido el 10 de junio; sin embargo, este venció el pasado 10 de diciembre, por lo que comentó que en caso de que sea necesario, se puede extender la investigación si los hechos lo ameritan.

Analiza SSPMQ recomendación de la DDHQ

“Para emitir una resolución como tal no establece la Ley ningún plazo, pero como señalaba estamos próximos a emitir resoluciones por el trabajo que se ha realizado”, resaltó Rascado Pérez.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aún mantiene un proceso abierto en contra de tres personas que participaron en la manifestación del 10 de junio, las cuales aún no han sido vinculadas a proceso; sin embargo, varios grupos de activistas dicen que viven con incertidumbre, porque creen que se criminalizó la protesta pacífica que tenía el fin de manifestar su desacuerdo contra la llamada Ley de Aguas.