Van contra desobligados alimentarios en Querétaro

Los partidos Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI) presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución local para prohibir la participación de personas deudoras alimentarias a partir del proceso electoral.

Liz Selene Salazar Pérez, diputada del PAN, señaló que la prohibición será para quien desee ocupar el cargo de gobernador, magistrado, diputado o de los Ayuntamientos, así como para quienes ocupen cargos de primer nivel como secretarios de estado y municipales.

Se trata de una reforma a los artículos 8, 17, 28 y 30 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, la cual cuenta con el respaldo de los legisladores del PAN y QI, esto en concordancia con la ley 3 de 3 que fue publicada el pasado 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Seremos defensores y trabajaremos cuanto sea necesario en cada una de nuestras trincheras para que en la Constitución y legislación electoral de nuestro estado se establezcan los candados necesarios para que este tipo de personas no puedan ser diputado, gobernador o miembro de algún Ayuntamiento; es decir, que no puedan acceder a cargos de elección popular ni nombradas por ninguna encomienda en el servicio público”, dijo.

Al respecto, Mariela Morán Ocampo, diputada local, señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben una pensión alimentaria en México, lo que impide a los menores acceder a una vida digna al privarles de alimentación, salud y un desarrollo integral.

Además, descartó que se tenga contemplado crear un padrón de deudores alimentarios; por el contrario, refirió que a nivel nacional ya fue contemplada la creación del Registro nacional de obligaciones alimentarias, bajo el cual se tendrán que regir los 32 estados del país.

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En tanto, Manuel Pozo Cabrera, diputado coordinador de Querétaro Independiente (QI), reconoció que la aplicación de dicha Ley dependerá de que el DIF nacional cree dicho registro nacional, aunque subrayó que el estado debía legislar al respecto con independencia del trabajo del DIF.