Por Ricardo López Ugalde, Azucena Rivera
Aguilar, Edith Rangel Cruz, José Carlos Dorantes y Alejandro
Vázquez Estrada/Centro INAH-QRO
Puntos de arranque para entender el patrimonio cultural inmaterial
Participación social y asignación de valor a la cultura
Estas opiniones están contenidas junto con el expediente técnico que se presentó ante la UNESCO en el apartado llamado “Declaratoria de los pueblos indígenas otomí-chichimecas del semidesierto queretano” el cual dice de manera textual:
Todos tenemos algo que dar y que cuidar de nuestra naturaleza, nuestras tradiciones y costumbres y de nuestra cultura otomí- chichimeca, con nuestros valores, y nuestra cultura.
Aquí estamos y a nosotros nos interesa cuidar nuestra naturaleza, conservar y transmitir las tradiciones de nuestra cultura que es un valor único y que es de todos los otomíes-chichimecas.
Solos ya no es fácil, por eso pedimos que también se nos voltee a ver y juntos lo hagamos.
Algunas ideas para repensar la patrimonialización de la cultura
Bibliografía
Pérez Ruíz, M. “Patrimonio, diversidad cultural y
políticas públicas. Preguntas frecuentes” en Diario de
campo, INAH, nueva época, #7, enero-marzo 2012, pp. 4-82
UNESCO, Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial, Paris, 17 octubre 2003. En línea:
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf
Villaseñor, I. y Zolla, E. “Del patrimonio cultural
inmaterial a la patrimonialización de la cultura” en Cultura
y representaciones sociales, UNAM, año 6, #12, marzo 2012,
pp. 75-101.
Lugares de Memoria y tradiciones vivas de los pueblos
ñañha de Tolimán. La Peña de Bernal, guardián de un territorio
sagrado Expediente técnico. Gobierno del Estado de Querétaro
(2010)
Este sábado se realizaron varias actividades en el área natural protegida, donde se tendrán distintos eventos conmemorativos medioambientales en el transcurso del año
Poco a poco las personas comienzan a congregarse en la zona arqueológica para participar en rituales y actividades con motivo del equinoccio de primavera
Sugiere el consejero nacional al exgobernador, Francisco Domínguez Servién, que busque o un terapeuta o un sacerdote para recuperar la estabilidad y ser libre
Acercarse hoy en día a la discusión sobre qué es patrimonio, quién lo define y qué objetivos persigue, implica reconocer que hay una voz principal a ser escuchada, la cual corresponde a los creadores y portadores de expresiones o bienes culturales específicos, que a su vez integran un campo de disputas y negociaciones sociales a medida que diversos actores, públicos y privados, se interesan en el acontecer de la cultura situada en el contexto mexicano.
Nos referimos a un campo de disputa, debido a que, en un amplio espectro, es posible identificar, por lo menos, dos posturas claramente antagónicas para la gestión y manejo de los elementos considerados como patrimonio cultural. La primera de ellas se encuentra encaminada hacia lo que hoy se conoce como el impulso y promoción de la patrimonialización que permite vislumbrar nichos de negocio dentro del turismo cultural, apostando a la derrama económica propiciada por los visitantes que observan y disfrutan de expresiones culturales que les son ajenas. Dentro de esta vertiente, se ha detectado un uso indiscriminado del patrimonio cultural debido a la carencia de reglamentaciones definidas que eviten la destrucción, erosión y deterioro de los patrimonios y de los colectivos sociales portadores.
La segunda postura alberga una recomendación central, considerando que “el sujeto creador y portador de la cultura sea un actor sustantivo de las decisiones respecto a qué, cómo y para qué deben conservarse las expresiones y bienes que han de valorarse como patrimonio” (Pérez Ruiz, 2008:44). Es decir, se requiere ante todo de fortalecer el involucramiento directo de los portadores en la toma de decisiones y acciones en relación a su realidad. Esta visión implica considerar en la parte central del patrimonio a las personas y a los procesos culturales e históricos que las acompañan y les dan forma. En este sentido, se busca romper con las imposiciones, decretos y ordenanzas legitimadas desde las cúpulas gubernamentales e institucionales, emitidas desde los lentes de un espectador extrañado de lo que considera diferente, exótico, diverso y ajeno.
La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (CSPCI-UNESCO), firmada en París en el año 2003, representa un momento especial en la discusión internacional acerca de la gestión y manejo de los patrimonios intangibles, inmateriales o vivos (PCI). Los antecedentes inmediatos a dicho documento se ubican a finales del siglo XX, en la Conferencia de la UNESCO de 1999 y en la Reunión internacional de expertos de la UNESCO de 2002 (Villaseñor y Zolla, 2012), dos momentos que marcaron rutas importantes para discutir la injerencia de los PCI en el respeto y participación de los portadores de la cultura susceptibles de patrimonialización.
Sobre este aspecto destacó la imperiosa necesidad de procurar escenarios para la toma de decisiones de los colectivos humanos en materia de identificación, enunciación y protección de PCI propios; lo anterior se refleja en el papel fundamental reconocido a las bases sociales creadoras de las expresiones culturales, específicamente en su involucramiento para la puesta en marcha de la Salvaguardia, entendida ésta como las “medidas para garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización” (UNESCO, 2003:3). Además se percibe una preocupación por la incidencia de actores externos con intereses opuestos a los de los grupos sociales en cuestión, generándose posibles casos de extractivismo cultural, debatiendo la atribución o mando diferencial para definir y decretar determinados elementos culturales como PCI por encima de otros.
Dentro del contenido general de la CSPCI-UNESCO se pueden identificar 2 principales temas, el primero a) asociado a sensibilizar sobre el carácter que engloban los PCI en la procuración del respeto a la diversidad cultural dentro de los Estados-nación; y b) el segundo totalmente vinculado a la búsqueda de la participación activa de las poblaciones creadoras de los PCI en los distintos ámbitos de su valoración, manejo, uso y gestión.
El segundo tema supone la puesta en marcha de canales de comunicación y dialogo multi-actoral, a fin de reflexionar acerca de los alcances, necesidades y retos que atraviesan expresiones culturales específicas, por lo que los objetivos políticos de la CSPCI-UNESCO suponen integralidad, además de cumplimiento del eje participativo en las diversas fases de los procesos de patrimonialización. De lo contrario resulta contradictorio que las iniciativas de decretos de PCI’s apelen al respeto de la diversidad cultural o al componente pluricultural de un Estado-nación o entidad federativa mexicana, al tiempo que minan los canales de discusión directa con los portadores de cultura.
Sobre lo anterior, en su artículo 15 sobre la Participación de las comunidades, grupos e individuos, la CSPCI-UNESCO establece lo siguiente: “En el marco de las actividades de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, cada Estado parte tratará de lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los grupos y, si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo” (UNESCO, 2003:6).
Sin duda el énfasis y preocupación de la CSPCI-UNESCO por otorgar voz a los portadores de cultura, refleja problemáticas o controversias por las maneras diferenciadas e intereses divergentes en la asignación de valor a determinados elementos culturales. En razón de esto algunos estudiosos del tema (Villaseñor y Zolla, 2012) se han preguntado sobre las implicaciones de los decretos de patrimonio cultural, por lo que podemos identificar dos principales cuestiones, por una parte cuáles son los objetivos explícitos al impulsar determinados PCI’s, por otra cuáles son los puntos de quiebre frente a dichas iniciativas.
El caso reciente del decreto de la Danza de concheros del municipio de Querétaro como Patrimonio histórico cultural inmaterial, iniciativa del gobierno municipal desde su Secretaría de Desarrollo Humano y Social, refleja parte de las inconsistencias que la CSPCI-UNESCO busca contener. Al revisar dicho decreto destaca el sesgo interpretativo que se hace de la CSPCI-UNESCO, resultando en una lectura parcial que no dimensiona los sustentos principales y el espíritu de tal documento. En el rubro de los considerandos, dicha instrumentalización de la CSPCI-UNESCO resulta en omisiones para encumbrar una práctica cultural como PCI, específicamente en el origen de tal propuesta, aspecto que ha sido confrontado por líderes y representantes de danzas de concheros, portadores de cultura que reclamaron ausencia de consulta.
Es importante advertir que el espíritu consultivo de la convención es necesariamente previo, inevitablemente informado y sobre todo conlleva el espíritu de recabar de manera colaborativa el consentimiento de los portadores de la expresión con la finalidad de que los decretos se vuelvan herramientas de gestión social y cultural y no instrumentos normativos y verticales, que operan en beneficios que no surgen desde la reflexión local de los portadores.
Es por la omisión de estos proceso que múltiples voces de la tradición conchera han expresado en distintos foros su preocupación en cuanto a las implicaciones que puede tener este tipo de declaratoria que surge desde la institución y no toma en cuenta el conocimiento, ni los modos de discusión y reflexión que los portadores han tenido en relación al estado de la expresión declarada.
Es importante señalar que sobran ejemplos a nivel mundial sobre los efectos dañinos que tienen estas declaratorias construidas mediante procesos unilaterales que nominan, caracterizan y declaran sin previo acuerdo con los portadores. Estos efectos han sido profusamente descritos desde la antropología con fenómenos como la mercantilización de las expresiones, la folclorización de sus símbolos, el extraccionismo del mercado, la gentrificación de los contextos, la erosión de las expresiones y sus territorios mediante la presencia de un turismo desinformado. A partir de estas lecciones aprendidas podremos mirar lo que sucede en otros contextos para generar modos cordiales y participativos para pensar y vivir el patrimonio.
Sin embargo, así como tenemos estos ejemplos donde resaltan las sombras y los dilemas desencadenados a partir de las declaratorias, también contamos con procesos brillantes donde la población ha participado de manera activa dentro de dichos procesos. Una de estas experiencias sucedió en el semidesierto queretano en el proceso de constitución del expediente tecnico del elemento: Lugares de Memoria y tradiciones vivas de los pueblos ñañha de Tolimán. La Peña de Bernal, guardián de un territorio sagrado.
Este proceso emanado por iniciativa del gobierno del estado en turno fue abrazado con especial interés por el equipo de etnografía del centro INAH- Querétaro quien tenía 7 años de trabajo etnográfico en la región. Dicho antecedente permitió la realización de un trabajo de consulta extenso y profundo en las comunidades indígenas de los cinco municipios del semidesierto. A lo largo de distintos foros de consulta y grupos de discusión realizadas durante dos años de intenso trabajo, se vertieron las opiniones e inquietudes de los cargueros, rezanderos, alberos, encargados de capilla, mayores, tenanches, cronistas, responsable de templos , mayores de la danza, titulares de cultura municipales y autoridades locales, esto con el fin de articular la diversidad de opiniones y lograr la mayor discusión posible para animar consensos.
En virtud de que nuestro Pueblo Otomí-Chichimeca, las personas que integramos nuestras comunidades y nuestras familias, desde generaciones pasadas hemos acumulado muchos conocimientos y bienes (como nuestras capillas comunitarias y familiares) costumbres, tradiciones y valores.
Que nos asentamos en un territorio que también cuenta con recursos naturales, donde existimos y nos desarrollamos, territorio que consideramos nos da la vida, que de él obtenemos lo indispensable para vivir (las plantas, el agua, los animales) y nos otorga identidad, que nos mantiene unidos como Pueblo.
Que debemos respetar la tierra, y todas las formas de vida natural y cultural que sobre nuestra región tenemos y que las plantas y animales que nosotros aun podemos ver y disfrutar, también nuestros hijos y sus hijos puedan conocerlo, apreciarlo y heredarlo.
Pero hemos sido también saqueados, hay quien se lleva nuestras biznagas y cactus, nuestras plantas medicinales. También se roban nuestras imágenes gente que no es de este lugar, no les interesan nuestros oratorios y algunos han sido destruidos poco a poco. Nuestra cultura no es reconocida por la gente mestiza.
Es por ello que decidimos apoyar el proyecto cultural denominado “Lugares de memoria y tradiciones vivas de los pueblos otomí-chichimecas de Tolimán. La Peña de Bernal, guardián de un territorio sagrado”. (Expediente técnico presentado a UNESCO, 2010: 180)
Lograr estas reflexiones y consensos es una tarea que se debe de afrontar con seriedad, rigor académico y una firme convicción de que el diálogo de saberes es el camino para construir acuerdos y modos participativos de sumarnos a cuidar y multiplicar nuestro patrimonio. Entendemos que el espíritu de la declaratoria conchera fue elaborada desde buenas intenciones, sin embargo, es riesgoso cuando esta animada por las intensiones de unos a partir de la exclusión de otros, en este caso los portadores y ejecutantes, actores vitales e indispensables para la reproducción de esta expresión cultural.
En países como México, en el que existen profundas desigualdades y donde, por lo general, la toma de decisiones es autoritaria y a conveniencia política, uno de los retos más claros en cuanto al patrimonio cultural inmaterial es la capacidad para diseñar políticas culturales que amplíen la participación y el compromiso social, a fin de promover el fortalecimiento y respeto de una diversidad cultural incluyente, con voz y voto, con pleno ejercicio en la toma de decisiones. Esto significa romper con un esquema de relaciones jerárquicas que se han encargado de generar procesos de clasificación y etiquetación cultural en beneficio de unos cuantos; por ello, instancias como la UNESCO a nivel internacional y el INAH a nivel federal, son instituciones que se han transformado a lo largo de los años para dar respuesta a las demandas de los portadores. Aunque resta mucho por hacer, está abierta la posibilidad de entablar diálogos, consultas, negociaciones, así como escuchar las peticiones e intereses de los creadores y portadores de la cultura, lo cual debe convertirse en el eje dentro de la política pública en todos los niveles.
El hecho de que gobernadores, activistas, presidentes, intelectuales, expertos, cronistas, académicos o sociedad civil, actúen de “buena fe” no es suficiente; será necesario fomentar mesas de trabajo que concreten en toda su amplitud los ejercicios de la salvaguardia del patrimonio cultural, así como la reproducción, valoración, apropiación por parte de las presentes y nuevas generaciones. Esto supone incidir en la creación de canales de comunicación con los portadores de cultura, además de discutir la perspectiva de considerar a los bienes patrimoniales como objetos comercializables, aspecto que implica posibles descontextualizaciones de las expresiones culturales en detrimento de los usos y significados sociales locales.
