Son dos las personas que están vinculados en la denuncia original presentada en 2020 por el excontralor universitario
Lorena Sandoval
Se trata de Edgar Arturo Quevedo Martínez y Alonso Cárdenas Alarcón, cuyos expedientes fueron radicados en los juzgados federales de Querétaro.
Dos exfuncionarios universitarios señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) durante la gestión de Gilberto Herrera Ruiz, promovieron juicios de amparo para evitar órdenes de aprehensión en su contra.
De acuerdo con los registros judiciales, Edgar Arturo Quevedo, exdirector de Tesorería de la UAQ, promovió el expediente 535/2025, mientras que Cárdenas Alarcón aparece en el expediente 224/2025, ambos con el objetivo de suspender posibles actos privativos de la libertad dictados dentro de la carpeta FED/FECC/FECC-QRO/0000765/2020, que investiga irregularidades por más de 320 millones de pesos.
El amparo de Quevedo fue desechado el 30 de junio, al decretarse el sobreseimiento por parte del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal. A través de estos procesos, los promoventes buscaban protección contra citaciones, detenciones o comparecencias que pudiera ordenar el Ministerio Público Federal.
Además de haber trabajado en la UAQ durante el rectorado de Gilberto Herrera Ruiz, Edgar Quevedo tuvo contratos simultáneos con el Senado de la República y la Secretaría de Bienestar, en esta última como prestador de servicios, con un salario de más de 30 mil pesos mensuales.
Edgar Quevedo fue señalado en la administración Teresa García Gasca como responsable de prácticas irregulares en el manejo financiero universitario y fue despedido durante su gestión. También se le vincula a la operación política de programas sociales durante la precampaña presidencial de Claudia Sheinbaum en Querétaro, según fuentes cercanas a la investigación.
Los nombres de Quevedo y Cárdenas aparecen en la lista de los 14 exfuncionarios vinculados en la denuncia original presentada en 2020 por el excontralor universitario, José Alejandro Ramírez Reséndiz, ante la FGR. La acusación refiere un esquema de triangulación de recursos mediante convenios con instituciones públicas, bajo un patrón similar al de la llamada "Estafa Maestra".
