Obligará a crear fideicomisos cuando se concedan beneficios
Patricia López Núñez
No obstante, Mejía Lira denunció que esta iniciativa evitará que se pacte de forma contractual entre patrones y trabajadores, además que limitará las prestaciones superiores a la ley en materia de pensiones y jubilaciones.
La legislatura local podría poner freno a las prestaciones superiores a las de la ley en el servicio público y obligará a crear fideicomisos cuando se concedan estos beneficios que saldrán de “la bolsa” de cada entidad pública, si el pleno avala una reforma que aprobó la Comisión de Planeación y Presupuesto de la legislatura local a la ley para el manejo de los recursos públicos del estado.
De acuerdo con la reforma, los ayuntamientos y entidades públicas que reciban presupuesto del estado tendrán que incluir en sus iniciativas de leyes de ingresos y en los decretos de presupuesto de egresos, un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, que deberá actualizarse cada tres años en el caso del estado y cada cuatro años en el caso de los ayuntamientos.
La reforma consiste en la adición de un párrafo al artículo 54 de la ley, que también obligará a los ayuntamientos y entidades públicas a constituir fideicomisos, para hacerle frente a las obligaciones financieras cuando ofrezcan prestaciones superiores a la ley a sus trabajadores, con el fin de aminorar el impacto económico al presupuesto público.
Los diputados Eric Salas González y Gerardo Ángeles Herrera aprobaron la reforma, a pesar del voto en contra de la diputada priista Norma Mejía Lira, quien denunció que se trastocan los derechos de los trabajadores al servicio de los poderes del estado al obligarlos a cumplir con requisitos excesivos, por lo que se trata de una modificación “oscura”, ya que ni siquiera se establece la finalidad del fideicomiso.
Salas González aclaró que ese fideicomiso no es obligatorio y sólo se contempla su creación cuando los ayuntamientos o entidades públicas “autoricen algo adicional para los trabajadores como días extra de aguinaldo”, porque el fideicomiso obligará a que el patrón aporte el 50 por ciento de los recursos que se requerirán para pagar ese compromiso “no en un año sino en cinco años”.
Agregó que esto obligará, sobre todo a los presidentes municipales, a proyectar cuántos recursos destinarán al pago administrativo o si prefieren utilizarlo en obra pública porque todo lo que exceda del presupuesto “saldrá de sus recursos: quinquenios, vacaciones, permisos”.
“Si un municipio decide dar cien días en lugar de los 70 días de aguinaldo, que vean cuánto va a costar para pagarles a ellos (porque) va en contra del presupuesto de cada entidad pública, para que visualicen lo que están otorgando y que sean corresponsables. Quieres otorgar lo que desees por quedar bien, otórgalo, pero bajo tu presupuesto, porque hoy lo dejan y sigue”, dijo el diputado.
La medida aplicará en cuanto inicien las negociaciones para el ajuste de salario de los burócratas en el próximo año y aunque Eric Salas insistió que esto no limita esas revisiones, sí marcará parámetros porque será indispensable tener una “radiografía financiera”, para evitar aumentos sin control como sucedió “en la anterior administración, que era un club de amigos, hoy eso se ha detenido (pero= era en beneficio de unos cuantos”.
“En el PRI no hemos dado un paso atrás, hemos levantado la voz contra estas iniciativas y lo seguiremos haciendo puesto que no estamos ni estaremos de acuerdo con trastocar los derechos de los trabajadores, la reforma busca frenar la posibilidad de convenir pensiones y jubilaciones superiores a las establecidas en la legislación laboral, es básicamente un candado para evitar la contratación con beneficios diferentes”, dijo la legisladora.
