Los datos se refieren a lo que va de la actual administración estatal; tres personas han sido destituidas en ese período, informó el contralor
Miguel Gallardo
El funcionario aclaró que en esos tres casos de destitución que se han presentado a lo largo de la actual administración se trató de personal operativo, que no tiene que ver con, servidores de primer nivel.
En lo que va de la actual administración estatal 227 servidores públicos han sido sancionados por la Contraloría General del estado, entre los cuales tres han sido destituidos y en dos casos se avisó a la Fiscalía Anticorrupción, informó el contralor, Óscar García González.
El funcionario mencionó que lo anterior ha sido desde octubre de 2021 al corte de noviembre de 2024. Precisó que esto incluye 131 amonestaciones, 32 suspensiones, 3 destituciones, 59 inhabilitaciones, en tanto que a 2 personas se les ha pedido la reparación del daño.
“Esto ha sido entre faltas graves, dependiendo de la categoría que marca la ley, pero como les hemos dicho, en Querétaro hemos aplicado un plan muy preventivo, hemos establecido la política de prevención y en su momento si algo falla la corrección se hace a través de la sanción”, expresó.
Óscar García González afirmó que desde la Contraloría General del Estado se hace un constante trabajo en el combate a la corrupción, para ofrecer los resultados que exige la sociedad y cumplir con la encomienda del gobernador, Mauricio Kuri González.
“La Ley estipula dos categorías diferentes: las graves son cuestiones completamente administrativas; incluso, son sancionadas por la Contraloría o los órganos internos de control. Las faltas graves se sancionan por el Tribunal de Justicia Administrativa y tiene que ver más con peculado, cohecho, acoso; es decir, son conductas más importantes y que requieren mayor atención más severas”, explicó el funcionario estatal.
Con respecto a las destituciones, indicó que al tratarse de trámites que están en proceso y en impugnación no es posible comentar sobre las causas, pero aclaró que posiblemente se trata de causas donde el servidor público equivocó su forma de actuar.
“Al momento de hacer una valoración correcta, se determinó darlos de baja en el servicio público. Eran faltas no graves, pero aun así nosotros no nos tentamos la mano, porque si los planes preventivos no llegan a tener resultados positivos, el que se equivoca sí le aplicamos la sanción”, expuso.
Agregó que en otros dos casos se dio vista a la Fiscalía Anticorrupción, en donde se siguen los procesos correspondientes de manera normal. Sobre las causas, afirmó que en uno fue porque una de las personas alteró justificantes médicos y otro porque se desviaron recursos para pagos indebidos.
