Incumplen más en pago de pensiones

Reportan 675 casos de falta de obligaciones de asistencia familiar, informó Secretariado Nacional de Seguridad Pública

QUERETARO BAJO — Querétaro bajó su incidencia durante la pandemia. / Foto: Hugo Arciniega | Diario de Querétaro

David Álvarez / Diario de Querétaro

Según el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, Querétaro de enero a septiembre de 2023 alcanzó los niveles prepandemia en el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, al registrar 675 casos, en comparación con los 697 reportados en 2019.

Este aumento en los casos de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en Querétaro es notable en comparación con los años anteriores. Durante todo el año 2022, se registraron 735 casos en el estado, lo que representa un aumento significativo en comparación con 2021, cuando se reportaron 549 casos.

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En 2020, en plena pandemia de Covid-19, los informes de casos sumaron 555, mientras que en 2019 se registraron un total de 697 casos. En 2018, los casos de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar se registraron 663 casos.

El análisis de los datos revela que el mes de agosto de 2023 fue el que presentó la mayor incidencia de casos, con un total de 97, seguido de mayo con 94 casos. Por otro lado, los meses de enero y febrero reportaron una menor incidencia, con 54 y 59 casos, respectivamente.

El incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar se refiere a la falta de cumplimiento por parte de una persona de las responsabilidades legales que tiene con respecto al sostenimiento económico de sus hijos, cónyuge u otros familiares que dependen de ellos.

Estas obligaciones suelen incluir el pago de alimentos, vivienda, educación, atención médica y otras necesidades esenciales para el bienestar de los familiares que dependen de la persona.

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Es importante destacar que recientemente se ha implementado en Querétaro una nueva disposición legal que prohíbe que las personas que incumplan con sus obligaciones de asistencia familiar puedan ser candidatas a cargos públicos.

Esta medida enfatiza la importancia de cumplir con estas responsabilidades legales y asegurar el bienestar de los familiares que dependen de la persona responsable, en una iniciativa conocida como la Tres de Tres en materia de violencia, que busca sancionar con la pérdida de los derechos ciudadanos a los violentadores de mujeres.