Ley de amparo divide opiniones

Mientras el Colegio de Abogados Litigantes advierte retrocesos, la Asociación Queretana de Abogados considera que la norma responde a necesidades actuales

Lorena Sandoval

La reforma a la Ley de Amparo, aprobada por el Senado de la República y enviada a la Cámara de Diputados para su discusión, ha generado posturas encontradas entre los gremios de abogados en Querétaro. Para el Colegio de Abogados Litigantes representa un retroceso en la defensa ciudadana, mientras que la Asociación Queretana de Abogados sostiene que se trata de una adecuación necesaria al contexto actual.

Mayela Portos Hernández, presidenta del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, advirtió que los cambios incorporan “un fuerte sesgo proautoridad”, al restringir el acceso al juicio de amparo mediante un nuevo entendimiento del interés legítimo. Señaló que también se endurecen las barreras para obtener suspensiones, se excluyen materias, se limitan los amparos en materia fiscal y se debilitan las herramientas de cumplimiento.

“En conjunto sí presentan riesgos de regresividad respecto del carácter protector del amparo”, afirmó.

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La abogada recalcó que este mecanismo debía permanecer como “una disposición autónoma, independiente y de confiabilidad respecto a los actos de autoridad”. En su opinión, las reformas impactarán directamente en los litigantes y en los ciudadanos, quienes verán acotado un derecho fundamental.

En contraste, Gerardo Bárcenas Acosta, presidente de la Asociación Queretana de Abogados, defendió la aprobación al señalar que la nueva Ley de Amparo “se adecuó a muchas jurisprudencias que ya estaban establecidas, entonces simplemente lo plasmaron”.

Reconoció que hay restricciones en suspensiones y legitimación, pero consideró que la medida busca evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente.

“La ley de amparo es para que se resuelvan rápidamente los asuntos”, subrayó.

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Bárcenas agregó que la reforma implica un reto de capacitación para los abogados, a fin de adaptarse a los nuevos criterios, “lo que sí tenemos que hacer es mucha responsabilidad como profesionistas y ocupar el amparo para resolver el problema”, apuntó.

En el Congreso, la reforma fue aprobada con 76 votos a favor y 39 en contra. El dictamen contempla el uso de tecnologías de la información para juicios en línea, ajustes en materia fiscal y sanciones a servidores públicos que incumplan sentencias, además de la inclusión de reglas uniformes que den certeza al valor de los expedientes electrónicos.

Los debates legislativos mostraron también división política: Morena y aliados defendieron que los cambios evitarán abusos del amparo para retrasar resoluciones firmes, mientras que senadores del PAN y PRI advirtieron que se reducen las garantías de los ciudadanos.