Maestra logra amparo ante la USEBEQ

Consigue el pago de su salario mínimo del 30% durante el período en el cual fue impuesta su sanción

DAN AMPARO — Dan amparo a maestra de primaria de San José El Alto / Foto: Hugo Arciniega | Diario de Querétaro

Francisco Segura / Diario de Querétaro

La maestra Ruth Lemus Juárez, docente quien daba clases de primaria en la escuela Josefa Ortíz de Domínguez en la zona de San José el Alto en la capital queretana y quien fue supuestamente suspendida por la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), consiguió ampararse ante la institución consiguiendo el pago de su salario mínimo del 30% durante el período en el cual fue impuesta su sanción, la cual fue una suspensión provisional por parte de la dependencia de la educación básica en el estado de Querétaro.

Recordar que Lemus Juárez fue denunciada por padres de familia de la escuela primaria por supuestos malos tratos en contra de sus estudiantes de cuarto grado, a quienes supuestamente le hablaba de mala forma además de que los castigaba de manera fortísima, desde no dejarles ir al baño, hasta llamarlos con un lenguaje denotativo.

Según el documento presentado por su representante legal, Sergio Arellano Ramos, se menciona que la USEBEQ debe de pagar a la parte quejosa la cantidad equivalente al salario mínimo equivalente al 30% de su ingreso real, en el periodo correspondiente a la sanción reclamada, relativa a la suspensión de 15 días.

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Respecto al tema, al cuestionar a la USEBEQ, la dependencia estatal recalcó ser respetuosa de los derechos de los trabajadores de la educación.

Puesto que es facultad de la USEBEQ revisar que el servicio educativo que reciban las niñas, niños y adolescentes sea con calidez y de calidad.

Por lo tanto, una de las tareas de esta autoridad es vigilar y aplicar la norma cuando se llegan a encontrar irregularidades, que en su caso deban de proceder hacia algún trabajador que no haya cumplido cabalmente con sus funciones.

Esta institución será respetuosa del derecho de los trabajadores de acudir a las instancias que consideren pertinentes para impugnar las sanciones, toda vez que están en todo su derecho de hacerlo.