Dictaminan reformas a los artículos 1 y 32 sobre no discriminación
Patricia López Nuñez
Al respecto, la presidenta de la Comisión, diputada Verónica Hernández aseguró que para lograr la igualdad, se debe recurrir a medidas que superen el resarcimiento de acciones en corto plazo, por lo que es necesario garantizar mejores condiciones para todas y todos.
Con el fin de reducir la brecha educativa entre hombres y mujeres, las diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género, Grupos Vulnerables y Discriminados de la legislatura local reformó los artículos 1 y 32 de la Ley de Educación, en materia de equidad y no discriminación.
Las diputadas Atalí Rangel Ortiz y Verónica Hernández Flores coincidieron en que la entidad presenta muchos avances, como tener la primera legislatura con mayoría de mujeres, pero “persisten diferencias entre nosotras y los hombres en todos los ámbitos de la vida social, educativa y política”.
Rangel Ortiz respaldó la iniciativa que presentó la diputada Daesy Hinojosa porque de acuerdo con un estudio del Foro Económico Mundial de 2015, hay más mujeres que hombres en las universidades de 97 países, pero ellas sólo son la mayoría en 68 países y la mayoría de líderes en cuatro países.
Sostuvo que la cantidad de niñas que no van a la escuela se redujo en 40% desde hace ocho años, pero todavía hay 130 millones que no asisten a las aulas, lo que dificulta encontrar un trabajo bien remunerado para las mujeres y que la proporción de mujeres en la fuerza laboral sea mejor que la de los hombres.
En ese contexto, dijo, la reforma es un gran paso porque genera oportunidades educativas para todas las queretanas y después se dará paso a mejores oportunidades económicas y de empoderamiento, porque de la inclusión educativa en condiciones de igualdad, se generan oportunidades para que las mujeres logren sus aspiraciones.
Sostuvo que la reforma significa dar un paso en favor de ciudadanas y ciudadanos de bien, que aporten beneficios a su estado y a su país, además que significa aportarle a la educación, como marca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se le califica como un derecho inalienable.
