No saldrá libre funcionario de la Junta Local detenido

Investigación complementaria por el delito de cohecho durará 2 meses

VAMOS A DAR VISTA — “Vamos a dar vista a la Contraloría del estado para que determinen las medidas administrativas. Vamos a pedir que se inhabilite”, refirió Benjamín Vargas. (Foto: Yolanda Longino).

Eduardo Hernández

La investigación complementaria sobre el delito de cohecho por el que este lunes personal de la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción detuvo a un funcionario de la administración estatal, durará dos meses y el imputado llevará su proceso bajo prisión preventiva por considerar que podría destruir las pruebas de las indagaciones.

El fiscal anticorrupción, Benjamín Vargas Salazar, refirió que darán vista a la Contraloría del Estado para que determine las medidas administrativas, en tanto que la sanción de orden judicial a la que estaría sujeto el imputado, que estaba en funciones desde el 2015, va de tres a 10 años de prisión.

El 13 de mayo se denunció ante la Fiscalía especializada que el funcionario le solicitó determinada cantidad de dinero para el registro de un sindicato en noviembre del 2016.

No obstante, Benjamín Vargas dijo que no puede señalar quién es la víctima ni cuánto fue el monto que se le solicitó, aunque sí aseguró que no está relacionada con alguna institución educativa y no descartó pedir el testimonio a varias personas más, incluyendo funcionarios públicos.

La detención se ejecutó este lunes a las 10:30 de la mañana, se puso a disposición de un juez de Control, quien determinó pertinente su internamiento en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San José El Alto, mismo al que se dio cumplimiento después de mediodía.

Indicó que también se realizó un cateo en el que se aseguraron varios dispositivos electrónicos que fungirán como pruebas y ya están en intervención; a las posibles víctimas, pidió que le hagan saber que estuvieron en una situación parecida para investigarlo.

“La persona, por la función que desempeña y que puede destruir documentos necesarios para la investigación y no tiene derecho a salir bajo fianza (...) Lo voy a dejar claro, no tiene nada que ver con ninguna institución educativa, no se revisa la validez de los actos jurídicos, sino el hacer algo que estaba fuera de sus funciones”, destacó.

El fiscal especializado no señaló si la víctima sí entregó la cuota que exigió el imputado, pero aseguró que no se requiere que hayan entregado el dinero, sino que por el hecho de haberlo pedido es suficiente para definir la posible comisión de un delito.

“Creo que para la sociedad es muy grave que un funcionario no haga su función; esta persona tiene injerencia en la toma de decisiones importante y su libertad le permitiría destruir documentos necesarios para la investigación y por eso se determinó llevar su proceso en prisión”, agregó.

Referente a la detención del antiguo coordinador de medios en la administración estatal pasada, Abel Magaña, el fiscal señaló que está a la espera de información de instituciones financieras para abonar a la investigación y que el acusado no puede salir del país porque tiene que presentarse a firmar cada 15 días hasta que culminen las indagaciones.