Blanca Benítez presentó una iniciativa para adecuar las leyes locales de transparencia a los cambios federales
Lorena Sandoval
Detalló que, bajo esta nueva estructura, las solicitudes de información y la resolución de recursos administrativos estarán a cargo de las propias autoridades obligadas.
“Los recursos serán resueltos por este órgano dependiente de la Contraloría”, puntualizó.
Para armonizar la legislación local en materia de transparencia con la reforma federal aprobada en marzo pasado, la cual implicó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la diputada de morena María Blanca Flor Benítez Estrada presentó una iniciativa.
Benítez Estrada, quien preside la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas en la Legislatura de Querétaro, explicó que a nivel estatal también desaparecerá el organismo autónomo Infoqro. En su lugar, se plantea la creación de un nuevo órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, cuya constitución será facultad del Poder Ejecutivo.
Como parte del nuevo esquema, se introducen los conceptos de “Autoridad Garante local” y “Autoridad Garante”. La primera será el órgano desconcentrado que se cree para conocer de los recursos en el Poder Ejecutivo y municipios, mientras que la segunda abarcará a los otros poderes, sindicatos, partidos políticos y entidades que manejen recursos públicos.
La legisladora señaló que también se contempla la creación del Sistema Nacional y de los Subsistemas Estatales de Información Pública, cuya función principal será la coordinación con el ámbito nacional. Este sistema incluirá la participación del nuevo órgano dependiente de la Contraloría estatal.
“Con esta iniciativa se armoniza que el derecho de acceso a la información y la política de transparencia y protección de datos personales se trasladen, en el ámbito local, a un órgano desconcentrado de la administración pública estatal al futuro órgano de control y disciplina del Poder Judicial del Estado y los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos, a la Contraloría de la Legislatura del Estado, partido político, sindicatos y cualquier otro ente que maneje recursos”, explicó la diputada.
Benítez Estrada destacó que la reforma contempla la desaparición de los procedimientos de revisión ante los organismos autónomos extintos y establece que las instancias competentes para resolverlos serán aquellas de cada poder, ente autónomo, partido, sindicato o entidad que utilice recursos públicos.
