Consideraron que bajo la armonización actual no se garantiza un blindaje de intereses partidistas en el proceso de elección del fiscal especial anticorrupción porque se ignora las voces ciudadanas, por lo que se presentarán varias propuestas.
Los ciudadanos inconformes lamentaron que el proceso deje “un margen de discrecionalidad” que volverá “inútil” a todo este Sistema Anticorrupción y exigieron corregir este trabajo al permitir la participación ciudadana.
Diputados morenistas presentaron una iniciativa para que la FIGQ sea una fuente de apoyo para programas sociales y con tarifas de acceso acorde a la economía popular, entre otros puntos
EXIGEN ciudadanos que se abra el Sistema Estatal Anticorrupción a las propuestas sociales.
Integrantes del Observatorio Ciudadano, de organismos empresariales y de profesionistas propusieron crear un comité técnico ciudadano para participar en el proceso de elección del fiscal anticorrupción, al no quedar conformes con la armonización a las leyes secundarias que aprobó la legislatura local.
Mientras que la diputada local Daesy Hinojosa Rosas defendió la transparencia en el proceso de aprobación de reformas en el Poder legislativo y descartó que existiera discrecionalidad en las decisiones, los ciudadanos del Observatorio, la FECAPEQ, Canirac y la Canaco exigieron permitir la participación social para blindar a la nueva fiscalía de cualquier interés partidista. La titular del Observatorio, Yamile David, afirmó que existe inconformidad por la manera en la que se aprobaron las leyes secundarias, así como por la premura en la toma de decisiones, además que el 5 de abril se les notificó que las propuestas que entregaron el 13 de febrero no podían considerarse en la armonización.
“Nos deja un mal sabor de boca, estamos abonando a que se hagan las cosas en tiempo y forma, que se tome en cuenta la voz de la ciudadanía, porque es importante que los ciudadanos seamos parte de este Sistema Estatal Anticorrupción para que funcione, lamentamos que haya sido así”, dijo la titular.
El vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Carlos Ruiz, el presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ), Sergio Ledesma, el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Juan José Reyes y el representante de la Universidad Anáhuac, Marcos Joel Perea, se declararon preocupados por la manera en la que se aprobó la reforma a las leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción.
“La idea es hacer una propuesta para crear un comité técnico de universidades públicas y privadas, así como de las organizaciones no gubernamentales, quienes participen en el proceso de elección de las figuras del sistema anticorrupción, el objetivo es que evalúen el perfil de las y los candidatos a espacios como del fiscal anticorrupción que es una de las piezas importantes para que este sistema funcione”, afirmaron.
Adelantaron que darán seguimiento al ejercicio de selección del fiscal y se difundirán todas las convocatorias que se presenten como parte de esa elección, para garantizar “un sistema anticorrupción funcional, donde los espacios sean ocupados por los mejores perfiles”.
PRESUME TRANSPARENCIA Y NIEGA DISCRECIONALIDAD Al respecto, la diputada local Daesy Hinojosa Rosas, presidenta de la Comisión Especial para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, resaltó que todo el proceso se realizó con transparencia y máxima publicidad, además que descartó que existiera discrecionalidad en el proceso de implementación del Sistema Estatal Anticorrupción o en la elección del fiscal especializado.
Luego de los señalamientos del Observatorio Ciudadano y otros organismos en contra de la aprobación de las leyes secundarias, la diputada local reconoció, por separado, la importancia de la sociedad civil en Querétaro en el Sistema Estatal Anticorrupción y aseguró que sí se les incluyó en los trabajos que se hicieron en días pasados.
Aclaró que el proceso de armonización todavía no concluye y si no se incluyeron los señalamientos del Observatorio fue porque no correspondían a la Comisión especial sino a la Junta de Coordinación Política, de manera que “No era viable incluir su petición en los dictámenes”, por lo menos por ahora.
Sostuvo que algunas de esas observaciones ya se contemplaban en la legislación general o no eran viables porque no formaban parte de las competencias de la Comisión especial, entre ellas las fechas, mecanismos y criterios para designar a los integrantes del Comité de Selección y para el Fiscal Anticorrupción, que le corresponden a la Junta de Coordinación Política.
“Esta Comisión se encarga de armonizar la legislación, de no llevar los procesos de designación del sistema. No fue algo a conveniencia ni a interés particular de los diputados no incluir sus observaciones, sino atender lo establecido en el modelo nacional anticorrupción”, dijo la diputada del Partido Acción Nacional.
Sin embargo, Yamilé David aclaró que la trasparencia no implica sólo invitar a los ciudadanos a ser espectadores y puntualizó que las buenas calificaciones del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) se debe a que el sistema estuvo listo en tiempo, no porque garantice un buen trabajo en la realidad.
