Querétaro es 6 en seguridad para políticos

En el total de casos registrados en el país, se contabilizan 1,643 víctimas de violencia político-criminal entre 2018 y 2024

promedional — Promedio nacional es de 51.3 víctimas por estado. / Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro

David Álvarez / Diario de Querétaro

Querétaro ha registrado seis víctimas de violencia político-criminal entre 2018 y 2024, de acuerdo al más reciente reporte de México Evalúa. Esta cifra coloca al estado entre los seis con menor número de casos a nivel nacional.

El informe de México Evalúa indica que Querétaro tiene un total de seis víctimas de violencia político-criminal en el período mencionado, colocándose por debajo del promedio nacional, que es de 51.3 víctimas por estado.

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En el total de casos registrados en el país, se contabilizan 1,643 víctimas de violencia político-criminal entre 2018 y 2024.

Esta cifra coloca a Querétaro en un grupo de 19 estados que reportan menos casos que el promedio nacional. En este contexto, Querétaro se posiciona entre los seis estados con menor cantidad de víctimas.

Los estados con un número superior al promedio en este contexto incluyen a Guerrero, que se encuentra en primer lugar con 192 víctimas, seguido por Guanajuato con 180 y Veracruz con 162. Estos estados evidencian una concentración significativa de violencia político-criminal, lo que contrasta con la situación en Querétaro.

Dentro de los estados que reportan cifras por debajo del promedio, Baja California Sur se destaca como el estado con el menor número de casos, registrando cero víctimas en el mismo período. En segundo y tercer lugar se encuentran Yucatán y Durango, ambos con un solo caso reportado.

El análisis de la situación en México revela que, según el proyecto Votar entre Balas, el número de víctimas de violencia político-criminal a nivel nacional ha incrementado en un 218.8% de 2018 a 2024, considerando los años electorales y el período de enero a agosto de cada año.

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La violencia político-criminal es definida por México Evalúa, como “los actos de violencia —letal y no letal— por parte de organizaciones criminales contra autoridades, personas funcionarias, candidatas y/o militantes activas de partidos políticos”.