Querétaro, líder en justicia penal

Según el Informe Hallazgos 2021 por parte de México Evalúa

Presentacion — / Foto: Cortesía | Gobierno de Querétaro

Guillermo González Hudson / Diario de Querétaro

A seis años de la implementación y operación del Modelo de Gestión Cosmos, el estado de Querétaro encabeza por quinto año consecutivo el Ranking Nacional del avance en la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así considerado por México Evalúa, que es la organización ciudadana más relevante del país en estudios de justicia penal.

En un comunicado oficial, el gobierno del estado de Querétaro informó que durante la novena edición de la presentación pública del Informe Hallazgos 2021, celebrada en la Ciudad de México, la fundadora y directora general de México Evalúa, Edna Jaime y la coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, Christel Rosales, confirmaron que la entidad continúa siendo referente nacional en justicia penal.

Urge agilizar la justicia cotidiana

Señala que Christel Rosales destacó que nuevamente el Modelo de Gestión Cosmos es el único a nivel nacional que cumple al 100 por ciento en el rubro de coordinación técnica institucional, que mide específicamente cuatro ejes: coordinación y articulación; planeación y presupuesto; facilitadores y normatividad, que son elementales para el funcionamiento eficaz y adecuado del sistema.

“Uno de los ejemplos que debemos tomar es Querétaro, que ha puesto el ejemplo de cómo podemos dialogar y establecer esfuerzos conjuntos y no me refiero únicamente a tener reuniones, a tener indicadores, me refiero a tener información compartida, a poder hacer diagnósticos conjuntos donde cada institución, cada operador, sepa exactamente cuál es su rol y lo que se espera de él (…) Querétaro destacó como un referente”, indicó la coordinadora.

Conforme a los resultados presentados en el informe Hallazgos 2021, la entidad creció 17 por ciento contra su anterior calificación que obtuvo en el estudio publicado en 2020, mientras que la evolución permanente del modelo operado por más de seis mil servidores públicos entre todas las instituciones de justicia penal, le permitió ampliar 350 por ciento la diferencia contra el estado de menor desarrollo.