Reclaman liberación de Jerónimo Sánchez

Dicen que se trata de una represión en contra de los docentes

demandan — DEMANDAN la liberación inmediata de Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz y Carlos Aldana, además de que se sancione a quien lo detuvo “arbitrariamente”. Foto: Hugo Camacho

Eduardo Hernández

Varias organizaciones sociales se manifestaron este martes para exigir la liberación inmediata de Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz y Carlos Aldana, además de que se sancione a quien “violó sus derechos humanos” por considerar que se trata de una detención injustificada y arbitraria.

Este lunes Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz y Carlos Aldana fueron detenidos “arbitrariamente” por elementos de la Fiscalía General del Estado, el primero imputado del delito de motín agravado y el segundo por resistencia a particulares.

No obstante, los inconformes consideraron que se trata de una represión en contra de los docentes que luchan en defensa de sus derechos laborales, por lo que el mismo lunes interpusieron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro.

Entre las organizaciones que se manifestaron se encuentra el Frente Estatal de Lucha, Querétaro en Resistencia, Movimiento Magisterial de Bases, Salud y Género Querétaro AC, el Observatorio ciudadano de Derechos Humanos de Querétaro, el Movimiento Magisterial de Bases, entre otras. El año pasado el gobernador Francisco Domínguez señaló a Sergio Jerónimo como participante en los disturbios del desfile del primero de mayo, al asegurar que el imputado no era trabajador y que no era su día ni el espacio para manifestarse.

Sergio Jerónimo ya había sido detenido en 1998 al ser señalado como participante en la protesta en la que se apedreó el autobús de la comitiva presidencial en la visita de Ernesto Zedillo a Querétaro para conmemorar el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

“Tenemos conocimiento que en más de dos ocasiones el gobierno estatal ha fabricado delitos en contra de nuestro compañero y preso político Sergio Jerónimo, perseguido por un gobierno intolerante, represor y corrupto que convierte la “aplicación de la ley” en un instrumento para reprimir a los movimientos sociales”.

Además, pidieron la restitución de sus derechos laborales y pago de los salarios a partir de la fecha en que lo despidieron.