Interponen denuncia ante el Tribunal Agrario
Eduardo Hernández
Esteban Darío Martínez Luna, representante de los ejidatarios afectados, señaló que hasta el momento sólo 69 de sus compañeros se han pronunciado para el resarcimiento del agravio, pues esas 300 hectáreas estaban por destinarse al cultivo.
Los ejidatarios del Ejido Las Cruces, en el municipio de El Marqués, interpusieron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario de Querétaro, pues en 2005 se reconoció a 13 personas con residencia en el municipio de Querétaro como avecindados del ejido; alrededor de 81 ejidatarios son afectados por el despojo de 300 hectáreas, de los cuales el 20 por ciento son mujeres.
José de Jesús Salinas Herrera, el abogado que interpuso la demanda, indicó que el valor comercial por metro cuadrado del terreno en esa zona es de mil 500 pesos, por lo que los campesinos se vieron agravados cuando se otorgó alrededor del 40 por ciento del ejido a unos inversionistas en bienes raíces que alegaron tener más de un año de residir ahí.
Actualmente está en marcha la construcción de un fraccionamiento en lo que solía ser parte del Ejido de las Cruces, por lo que los ejidatarios solicitan la nulidad del derecho de avecindados que se dio a estas personas. Calculó que desde 1992, cuando el campesinado adquirió la facultad de deshacerse de sus tierras a través de contratos de enajenación, ha tenido conocimiento de un aproximado de 50 casos similares a este.
Señaló a la Asamblea Ejidal de ese entonces como la responsable de los daños, pues dijo que estaban en contubernio con los inversionistas que hoy están sacando provecho del terreno, quienes hasta ese entonces eran desconocidos tanto para él, como para sus compañeros; además dijo que a la asamblea que se celebró hace más de diez años sólo estuvieron invitados un par de ejidatarios que sí estaban de acuerdo con dichas acciones. “La ley agraria establece que para tener el carácter de avecindado, se tiene que haber residido por más de un año en el núcleo al que se quiera pertenecer y en este caso no se hizo; son personas que tienen su domicilio asentado en la ciudad de Querétaro, no forman parte de la clase campesina, sino que son inversionistas en bienes raíces que aprovecharon la coyuntura de la Ley Agraria de 1992”, indicó Jesús Salinas.
El abogado señaló que los afectados tienen más de diez años tratando de resolver este problema, pero hasta ahora nadie les había dado certeza de las acciones legales y calculó que el juicio no debe tardar más de un año y medio en resolverse, pues está seguro de que los inversionistas no podrán acreditar que residieron en el ejido, ni antes ni después del nombramiento de avecindados.
“Por la facilidad de disponer de la tierra con que fue dotado el ejido, en la actualidad la mayoría de los núcleos ejidales que están en las zonas conurbadas han perdido el carácter agrario y los precios que se les cubren no son suficientes para cumplir con el propósito de darle ingresos a los campesinos”, enfatizó.
