Un amparo los protege y no existe prórroga para una solución, advierte el líder; si no hay arreglo pronto, los comerciantes pedirán reinstalación en el andador central
IRIS MAYUMI OCHOA HERRERA
El diálogo entre los comerciantes desalojados de la Alameda Hidalgo y la Secretaría de Gobierno municipal se reactivó, luego de que se instaló una nueva mesa de negociación para llegar a un acuerdo, aseveró el dirigente de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, quien dijo que se tendrá que llegar a una resolución del conflicto toda vez que no existe prórroga para solucionar el conflicto.
González Loyola explicó que los comerciantes están dispuestos a escuchar propuestas, sin embargo, de no concretarse algún proyecto, insistirán en su regreso al andador central de la Alameda Hidalgo, ya que el reglamento municipal no prohíbe el comercio en esa zona, por tanto no existe impedimento para regresar.
“Se tendría que llegar sin lugar a duda a una solución del conflicto que generó el gobierno municipal, ya no habrá prórroga sino es así confiamos nosotros que se va a restituir el Andador Comercial Alameda Hidalgo, no hay otra alternativa, que esperemos que se determinará acatar las sentencias de amparo tal como fueron dictadas.
Reiteró que mientras el reglamento municipal prohíbe ejercer comercio en zonas del Centro Histórico como el Jardín Guerrero y los atrios de templos como Santa Clara y El Carmen; no hay tal restricción para el andador de la Alameda, por tanto, se deberá acatar la resolución de los amparos federales que ganaron los ambulantes.
“Insistiremos en el andador comercial Alameda Hidalgo, porque no está prohibido por el reglamento municipal, al no haber prohibición, dice el principio en derecho que todo lo que no esté prohibido está permitido, tan está permitido que numerosos andadores y zonas del centro histórico hay comercio en vía pública”, agregó.
Sobre la responsabilidad que tuvo la administración municipal en el desalojo de los comerciantes, Pablo González Loyola destacó que analizarán una posible demanda por la vía civil, contra los funcionarios públicos que hayan violado derechos humanos, así como en la parte administrativa, toda vez que el desalojo fue declarado inconstitucional por la autoridad federal.
“Tenemos la libertar de proceder contra funcionarios públicos que hayan violado derechos humanos, no descartamos y hay una demanda civil pendiente a algunos funcionarios públicos y no descartaríamos presentar una demanda por la vía administrativa porque hay una clara responsabilidad del hoy exdirector de Inspección y Comercio Hugo Serrano, porque si se hace cargo del operativo del desalojo y éste ha sido declarado inconstitucional, es responsable de todo y no son menores, son muchos, porque hoy hay gente que no se le ha regresado una sola mercancía y varios están dispuestos a demandar”, apuntó.
