Como práctica cada vez más descarada en Chiapas, el uso de dependencias de gobierno para la abierta promoción personalizada de sus titulares parece haber llegado para quedarse; todo frente a autoridades fiscalizadoras que se hacen de la vista gorda y permiten el evidente uso de recursos públicos para abonar el camino de funcionarios deseosos de “brincar” a cargos más atractivos.

Aunque los ejemplos han sido varios, lo ocurrido con José Manuel Cruz Castellanos, mejor conocido como “Pepe Cruz”, se convirtió durante el sexenio pasado en uno de los casos más cínicos e indignantes de los que se tenga memoria. Y es que, el doctor, formado en Tabasco, no sólo vio en la crisis epidemiológica una ventaja para cobrar relevancia, sino también en los recursos disponibles una oportunidad para promoverse sin límites éticos.

Así, después de 2020, prácticamente toda la segunda parte del sexenio tapizó a la entidad con su apodo electorero, mediate el uso de los programas de salud, que al final de cuentas eran mero pretexto propagandístico. Innumerables bardas, espectaculares, spots comerciales, carros de perifoneo, unidades móviles de salud y hasta grupos de promotores con botargas (integrados por el propio personal de salud) llenaron Chiapas sin disimulo.

Al final, Cruz Castellanos terminó bajo la lupa de auditorías e investigaciones periodísticas que le han adjudicado irregularidades por más de 478 millones de pesos, mediante el uso de presuntas empresas fantasma y manejos discrecionales que, hasta ahora, siguen completamente impunes, gracias al cargo como senador y al subsecuente fuero constitucional que le dejaron esos millones utilizados para negociar los espacios electorales de 2024.

Hoy, las circunstancias apuntan a enfilarse hacia mismo destino, pero ahora mediante la figura de nuevos funcionarios como el propio secretario de seguridad púbica, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, a quien el ímpetu también parece estarle ganando. Y es que, el desbordado culto a su persona, utilizado en videos y publicidad de la dependencia a su cargo, ha generado ya bastante críticas. Sobre todo, por lo reciente de la experiencia vivida con Pepe Cruz.

Más allá de su desempeño como secretario, la insistencia por convertirse en una especie de “protagonista heroico” en todas las acciones y campañas oficiales de su dependencia ha terminado por volverse una estrategia desmedida, contraproducente y francamente innecesaria. Especialmente, porque se encuentra de promedio el interés exclusivo en la seguridad pública estatal.

Por eso, hoy no suena tan descabellada la idea de regular o limitar el uso de cargos públicos para la promoción personalizada de funcionarios, con fines electorales en Chiapas. Sobre todo, cuando se trate de rubros medulares como la seguridad pública, donde los distractores de cualquier tipo no pueden tener cabida.

Desde el 3 de diciembre pasado en el Congreso de Chiapas se presentó una iniciativa constitucional que busca justamente eso. Propone aumentar, a tres años, el tiempo mínimo para que los titulares estatales y municipales de seguridad en Chiapas se separen del cargo antes de aspirar o contender a un cargo de elección popular. Sin embargo, el proyecto se ha mantenido en la “congeladora” desde entonces.

Hasta ahora la iniciativa no ha pasado a lectura, ni se ha enviado a comisiones para darle trámite correspondiente, significando una posible alternativa para terminar con los excesos de aspirantes gubernamentales desbordados. Esos que los chiapanecos ya no quieren repetir y, que deben, por todas las razones éticas, regularse mediante legislaciones más estrictas… así las cosas.