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En una cadena de casos de corrupción que ha involucrado a organismos federales de atención migratoria en Chiapas, actualmente al menos cuatro municipios de la entidad se encuentran bajo investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido a irregularidades por más de ocho millones de pesos destinados a programas de asistencia a niñas, niños y adolescentes migrantes que aparentemente nunca recibieron los apoyos.
Los casos documentados por las auditorías 608, 613 y 625 de la Cuenta Pública 2024 (correspondientes al tercer trimestre) han puesto bajo la lupa a los gobiernos municipales de Pijijiapan, Motozintla, Villa Comaltitlán y Tapalapa donde las cuentas sobre el gasto de recursos federales en ese rubro simplemente no terminan de cuadrar.
De acuerdo a la investigación realizada por Argenis Esquipulas, los recursos provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), del Ramo General 33, destinado a atender a poblaciones vulnerables. Sin embargo, la ASF encontró que el dinero fue reportado como ejercido, sin que exista evidencia de su impacto en la atención a menores migrantes.
En Pijijiapan se detectaron irregularidades por más de 1 millón 931 mil del programa Fortalecimiento para la Atención de NNA Migrantes. Más de 1.3 millones estaban destinados a la compra de productos de primera necesidad y 536 mil pesos a gastos de operación de un albergue. No obstante, la auditoría determinó que no se presentaron evidencias que comprobaran la compra de los productos y la operatividad del supuesto albergue.
Se trata del ayuntamiento gobernado por el morenista Carlos Alberto Albores Lima, quien logró reelegirse en los comicios de ese mismo año (2024) y se hizo conocido por promover el Récord Guinness del quesillo más grande del mundo en 2023, además de ser ridiculizado a nivel nacional por adeudar 300 tamales a una mujer que terminó por encararlo en un evento público.
El otro caso relevante es el de Villa Comaltitlán, gobernado en ese entonces por Manuel Cruz Coutiño, a quien el gobierno federal destinó cinco millones de pesos para la operación de un Centro de Asistencia Social (CAS) para migrantes, pero dicho inmueble no entró en operaciones durante su administración. Al final, el municipio nunca presentó listas de beneficiarios, evidencia de entrega de alimentos ni documentación que confirme que los apoyos se hicieron efectivos.
Los otros dos casos detectados por la ASF corresponden a el municipio de Motozintla, donde la auditoría 608 identificó pagos por 947 mil 520 pesos a supuesto personal médico cuyos documentos profesionales no fueron presentados ante la autoridad, y Tapalapa, donde las irregularidades corresponden a la aplicación de un programa de desayunos que tampoco presentó evidencias comprobatorias.
Y es que, la corrupción en todo engranaje de atención migratoria dentro la frontera sur de México ya ha sido denunciada durante los últimos años por organizaciones no gubernamentales como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el activista Luis García Villagrán y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, quienes, por cierto, han sido víctimas de hostigamiento y persecución por ventilar las irregularidades.
Por eso, las nuevas anomalías detectadas por la Auditoría Superior constituyen un elemento más a la cadena de presuntos casos de corrupción en torno a las instituciones y recursos destinados al fenómeno migratorio en Chiapas que, aparentemente, parece haberse convertido en un jugoso negocio para organismos y gobiernos municipales habilitados para la gestión de recursos federales en la materia… así las cosas.
