Porque cuando una persona tiene que elegir entre comer o medicarse, no estamos frente a una falla individual. Estamos frente a una falla estructural que sigue definiendo, en silencio, quién puede vivir con dignidad… y quién apenas sobrevive.
Comentarios: vanessa.traconis@fundacionredsalud.org
Durante años hemos hablado de acceso a la salud como si se tratara únicamente de cobertura, infraestructura, disponibilidad de servicios o innovación médica. Sin embargo, en la práctica cotidiana de millones de hogares en México y América Latina, la verdadera decisión ocurre en otro nivel: el del presupuesto familiar. Ahí, lejos de los discursos institucionales, se define una de las tensiones más crudas de nuestro tiempo: ¿comer o medicarse?
La pobreza farmacéutica no es equivalente a la pobreza sanitaria; una persona puede acceder a un diagnóstico —incluso dentro de un sistema de salud— y, aun así, no poder sostener su tratamiento; es ahí donde la exclusión se profundiza. La pobreza farmacéutica es, en esencia, la incapacidad de acceder y mantener el tratamiento médico necesario debido a limitaciones económicas, lo que obliga a interrumpir terapias, ajustar dosis o renunciar a la atención, incluso cuando el sistema ha logrado identificar la enfermedad.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 30% de la población mundial no tiene acceso regular a medicamentos esenciales, y en contextos de ingresos medios y bajos, el gasto de bolsillo en salud sigue siendo uno de los principales factores de empobrecimiento (WHO, 2023).
En México, esta realidad se vuelve aún más compleja cuando observamos quiénes son los más afectados; no se trata únicamente de las poblaciones en pobreza extrema, sino de un segmento mucho más amplio y silencioso: la clase media baja. Este grupo, que no califica para programas sociales pero tampoco cuenta con seguros de gastos médicos, se convierte en el núcleo de una vulnerabilidad invisible. Incluso quienes cuentan con seguridad social enfrentan barreras asociadas a la disponibilidad, los tiempos de atención y la continuidad terapéutica, lo que evidencia que el acceso formal no garantiza el acceso efectivo.
Este fenómeno se agrava en un contexto donde la transición epidemiológica ha desplazado el peso de la enfermedad hacia padecimientos crónicos y degenerativos, que requieren tratamientos prolongados, monitoreo constante y gastos sostenidos. Cuando estos factores se combinan con fallas estructurales en el abastecimiento de medicamentos, fragmentación del sistema de salud y limitaciones en la regulación del mercado, el resultado es un escenario en el que la enfermedad no solo deteriora la salud, sino que compromete la estabilidad económica de los hogares y del país.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más del 40% del gasto en salud en el país proviene directamente del bolsillo de las familias (INEGI, 2024). Cuando este gasto supera ciertos umbrales del ingreso —alrededor del 30% en muchos contextos— deja de ser sostenible y obliga a decisiones de sacrificio que afectan tanto la salud como la calidad de vida.
Aquí es donde emerge un concepto que pocas veces se integra en la discusión de salud pública: la geografía del financiamiento. No todas las regiones, ni todos los sistemas económicos, distribuyen de la misma forma los recursos para la salud. En América Latina y el Caribe, el financiamiento sanitario sigue estando altamente fragmentado, con una fuerte dependencia del gasto directo de los hogares. La Organización Panamericana de la Salud ha señalado que en la región este gasto puede representar entre el 30% y 60% del total en salud, muy por encima de los niveles recomendados para garantizar protección financiera (PAHO, 2022).
Esta geografía no es solo territorial, es también social; determina quién puede sostener un tratamiento crónico, quién puede acceder a medicamentos innovadores y quién queda atrapado en esquemas de atención intermitente; en otras palabras, define trayectorias de vida.
Pero hay un elemento aún más crítico: la relación entre enfermedad y riesgo económico. La evidencia internacional ha demostrado que una de las principales causas de deterioro patrimonial en los hogares es la incapacidad de cubrir gastos en salud. El Banco Mundial ha documentado que cada año más de 100 millones de personas caen en pobreza extrema debido a gastos sanitarios (World Bank, 2022). Esto confirma que la pobreza farmacéutica no es un fenómeno aislado del sistema de salud, sino un factor estructural que impacta el desarrollo económico y social.
Cada vez más, además, la pobreza farmacéutica se desplaza hacia la población trabajadora. Nos enfrentamos a una forma de pobreza laboral en la que el ingreso no garantiza el acceso efectivo a la salud. Tener empleo ya no es suficiente cuando el costo de enfermar supera la capacidad de respuesta del hogar.
Lo que estamos observando es un círculo que se retroalimenta: la falta de acceso a medicamentos agrava las enfermedades; las enfermedades incrementan el gasto; el gasto debilita la capacidad económica; y esa debilidad perpetúa la exclusión del sistema de salud y del propio mercado laboral. En este contexto, la pobreza farmacéutica deja de ser un problema sectorial para convertirse en un indicador transversal del desarrollo.
Frente a este escenario, el futuro se está definiendo en dos direcciones. La primera es la inercia: mantener sistemas fragmentados, con respuestas asistencialistas que alivian momentáneamente el problema, pero no modifican sus causas estructurales. La segunda implica reconocer la pobreza farmacéutica como un eje estratégico de política pública y de articulación multisectorial.
Esto exige un cambio de enfoque. No basta con distribuir medicamentos; es necesario medir, dimensionar y anticipar el riesgo. Integrar datos sociales, económicos y sanitarios permite entender quiénes están en riesgo, en qué territorios y bajo qué condiciones, para pasar de la reacción a la prevención.
También implica reconocer el papel del sector privado no solo como proveedor, sino como actor clave en la gestión del riesgo social. En un contexto donde la salud impacta directamente la productividad, el consumo y la estabilidad financiera, invertir en acceso a medicamentos deja de ser un acto filantrópico para convertirse en una estrategia de sostenibilidad.
La pregunta, entonces, no es si podemos reducir la pobreza farmacéutica, sino si estamos dispuestos a reconfigurar la forma en que entendemos la salud dentro del sistema económico. Porque mientras sigamos viendo el acceso a medicamentos como un tema aislado, seguiremos llegando tarde.
Hoy, más que nunca, necesitamos construir una infraestructura social capaz de conectar necesidades reales con soluciones sostenibles, medibles y transparentes. Una infraestructura que entienda que detrás de cada receta no surtida hay una decisión imposible, y que esa decisión no debería existir.
