Bullying y acoso escolar en Chiapas: la problemática que afecta a miles de estudiantes
Los casos se han registrado en escuelas de la capital chiapaneca, principalmente en instituciones de nivel básico
Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas
Los casos se han registrado en escuelas de la capital chiapaneca, principalmente en instituciones de nivel básico
Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

Durante los últimos meses, la capital chiapaneca ha registrado casos de bullying y acoso escolar. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en los primeros cinco meses del 2025 se han interpuesto al menos 25 denuncias formales relacionadas con estos hechos, siendo abril el mes con mayor incidencia al acumular ocho casos.
Las denuncias presentadas corresponden principalmente a delitos como amenazas, discriminación y lesiones, todos ocurridos dentro del entorno escolar y catalogados bajo la figura de acoso o violencia entre estudiantes.
Estos reportes han sido interpuestos tanto por padres de familia como por personal docente, tras identificar conductas reiteradas de maltrato físico o psicológico entre alumnos. A los registros de este año se suman dos casos más ocurridos en diciembre del año pasado, con lo que suman 27 incidentes recientes judicializados en Chiapas.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas señala que hay varias situaciones que no se han podido judicializar debido a la falta de denuncias. Las autoridades destacan que las víctimas han denunciado en casos donde ya existe violencia física, por ello, aunque se contabilicen algunos casos, el número total podría ser mayor.
Entre los casos públicos, en septiembre de 2024, padres de familia bloquearon el Bulevar Fidel Velázquez en Tuxtla Gutiérrez para denunciar casos de acoso escolar en la escuela secundaria Valentín Gómez Farías. Allí, padres señalaron la conducta agresiva de ciertos alumnos, acusando violencia física y psicológica, además de ser señalados de ingresar objetos punzocortantes al plantel como armas, con el fin de realizar amenazas a quienes denunciaron los hechos.
Por otra parte, durante julio de 2025, en la ceremonia de clausura de una preparatoria de Pijijiapan, una alumna denunció públicamente el acoso que ella y otras compañeras sufrieron por parte de docentes. El maestro en cuestión fue detenido por elementos de seguridad y vinculado a proceso por los delitos de hostigamiento y acoso sexual, a la espera de que se determine su situación jurídica.
De acuerdo con la maestra Margarita Concepción Aguilar Ovalle, especialista en atención psicoeducativa, el bullying puede manifestarse de distintas formas: físico, verbal, psicológico, social, sexual y digital. “Cada tipo de acoso tiene efectos distintos, pero todos afectan la integridad emocional del estudiante y su desempeño académico”, explicó.
El bullying físico incluye golpes, empujones o daños a pertenencias, y suele ser el más visible dentro del entorno escolar. El verbal se manifiesta a través de insultos, apodos ofensivos o amenazas. El psicológico busca dañar la autoestima de la víctima mediante intimidación, manipulación o aislamiento. En el bullying social, el agresor intenta excluir al estudiante de grupos o actividades, mientras que el sexual se relaciona con comentarios o tocamientos inapropiados.
El ciberbullying, por su parte, ocurre en medios digitales y ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años. Se manifiesta mediante mensajes ofensivos, difusión de rumores o publicación de imágenes sin consentimiento. A diferencia del acoso presencial, este tipo de agresión se mantiene activa todo el tiempo y puede alcanzar una mayor exposición.

Autoridades estatales han señalado que la problemática se concentra principalmente en instituciones de nivel básico —primarias y secundarias—, aunque también se han detectado casos en preparatorias públicas y privadas. La mayoría de las víctimas tienen entre 10 y 15 años.
Los expedientes integrados por la FGE muestran que los casos de acoso suelen presentarse en horarios de recreo o durante actividades extracurriculares, y que en muchas ocasiones los agresores son parte del mismo grupo escolar. En algunos planteles, los docentes han implementado mecanismos internos de mediación, pero estos esfuerzos no siempre logran frenar el hostigamiento.
Un informe elaborado por la Secretaría de Educación estatal en 2024 indica que 7 de cada 10 estudiantes han presenciado alguna forma de acoso escolar, y que 2 de cada 10 lo han sufrido directamente. En zonas urbanas como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula, los reportes se incrementan al inicio y cierre del ciclo escolar, cuando aumentan las interacciones entre grupos.
De acuerdo con el psicólogo escolar Jorge Martínez, el impacto del bullying trasciende el ámbito educativo: “Los niños y adolescentes que viven acoso prolongado desarrollan síntomas de ansiedad, aislamiento, depresión o somatización física. Muchos dejan de asistir a clases o bajan su rendimiento por miedo a volver al entorno donde son violentados”.
Los efectos también alcanzan a las familias, quienes enfrentan procesos complicados al intentar denunciar o intervenir. Algunas madres y padres, por desconocimiento, optan por cambiar de escuela a sus hijos sin formalizar la denuncia, lo que impide la sanción o seguimiento de los responsables.
Las instituciones educativas, en tanto, enfrentan dificultades para actuar. Según personal docente consultado, los procedimientos para atender estos casos suelen ser extensos y requieren la participación del área jurídica de la Secretaría de Educación o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que retrasa las medidas preventivas inmediatas.

Ante el incremento de denuncias, el Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal de Chiapas para sancionar el acoso escolar en todos sus niveles. Esta medida aplica para alumnas y alumnos, madres, padres, tutores, personal docente y directivo, con el propósito de establecer entornos educativos seguros.
Las sanciones pueden incluir hasta seis años de prisión, multas económicas, inhabilitación para personal educativo e incluso restricción de acercamiento a la víctima. El objetivo, de acuerdo con el dictamen legislativo, es “garantizar el bienestar físico, emocional y mental de las niñas, niños y adolescentes del estado”.
La Fiscalía General del Estado ha subrayado que los casos denunciados se investigan conforme a la normatividad vigente, y ha exhortado a la población a no minimizar las conductas de acoso escolar. “No se trata solo de juegos entre estudiantes; son expresiones de violencia que pueden escalar y generar daños permanentes”, señaló la institución.
Aunque la Secretaría de Educación cuenta con el Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación ante Casos de Acoso Escolar, su aplicación no siempre es uniforme en todos los planteles. En muchas escuelas rurales o de comunidades apartadas, el personal docente no ha recibido capacitación específica sobre cómo abordar los casos o registrar las denuncias.
El protocolo establece tres niveles de intervención: prevención, atención inmediata y canalización. En teoría, cada institución debe contar con un Comité Escolar de Convivencia, encargado de identificar riesgos y reportar incidentes. Sin embargo, varios de estos comités no se han conformado, o funcionan de manera simbólica.
“Hay escuelas donde el director o los maestros desconocen los procedimientos formales y se limitan a llamar a los padres de ambos alumnos. Eso puede detener temporalmente el conflicto, pero no soluciona la raíz del problema”, explicó la maestra Concepción.
Diversas organizaciones civiles en Chiapas, entre ellas la Red por los Derechos de la Infancia y el Centro de Atención Psicológica Integral (CAPI), han iniciado campañas en redes sociales y talleres presenciales en escuelas públicas para fomentar la denuncia y el acompañamiento psicológico de las víctimas.

Según los registros de la Red por los Derechos de la Infancia, los casos de ciberbullying han tenido un aumento particular en los últimos tres años, impulsados por el uso de dispositivos móviles y redes sociales entre estudiantes de secundaria. Los principales agresores son compañeros del mismo grado escolar y, en menor medida, exalumnos o personas externas.
El fenómeno del bullying en Chiapas no solo refleja conductas individuales, sino también desigualdades estructurales y carencias institucionales. La falta de personal especializado en psicología escolar, la sobrecarga de docentes y la ausencia de campañas continuas de sensibilización contribuyen a que el acoso se mantenga como una práctica normalizada.
Las cifras oficiales podrían ser solo una parte del problema. Especialistas estiman que por cada caso denunciado existen al menos tres más que no se reportan, ya sea por temor, desconocimiento o desconfianza en las autoridades.