Que en el estado las gasolineras tengan anomalías en su ISR hasta por $49.7 millones, y estén involucradas en operaciones financieras “sospechosas” en las que se mueven casi $1 millón sólo significa una cosa: hay un mercado negro de combustibles
Hay al menos cinco modalidades para hurtar carburante, según un estudio del investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Fabián Carranza. En Chiapas existen antecedentes de al menos tres.
Hurtaron unidades que trasladaban 31 mil litros de producto o más. Por el volumen por cada una hubo pérdida de 500 mil pesos, misma que el solicitante debe absorber “porque las compañías aseguradoras no aseguran el combustible en tránsito”, afirmó.
Para la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos la coyuntura rindió frutos, pues evidenció que los negocios que quedaron sin inventario probablemente estén vinculados con el mercado “negro” de petrolíferos.
La Profeco también debe intervenir. Por diversas omisiones detectadas en las inspecciones, en los últimos meses la dependencia multó con 2.8 millones de pesos a expendios que funcionan en Chiapas.
A partir del inicio de las acciones del gobierno federal contra el hurto de petrolíferos, los huachicoleros también tienen en la mira a los carros-tanque que llevan hidrocarburos, aseguró.
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En tanto, el SAT anunció que mientras las gasolineras en las que halló anomalías en su ISR en 2017 no rindan cuentas, no podrán expedir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) y efectuar importaciones.
López López aseveró que combatir el “lavado” y sus causas como el huachicol ayuda a mejorar el clima de negocios de una región. La omisión sólo genera más mercado “negro” o “paralelo”.
Esos ilícitos son comunes en economías “vulnerables” o “endebles” como la de Chiapas, puntualizó.
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No es en el Norte o el Centro sino en el Sur. Quizás hasta colaboró y ni cuenta se dio. En los últimos años las estaciones de servicio de gasolina con sede en el estado vendieron en conjunto casi un millón de pesos más en comparación con el combustible que compraron a Petróleos Mexicanos (Pemex). Para la autoridad no hay duda: Esa diferencia no es producto de magia, suerte o una exitosa estrategia de negocios, sino del robo de hidrocarburos, del llamado huachicol.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal (SHCP) estimó que entre 2017 y 2018 los concesionarios que presuntamente están relacionados con ese delito “lavaron” en Chiapas 944 mil 593 pesos a través de cinco operaciones financieras. Cuatro de esos movimientos fueron clasificados como “relevantes” e implicaron el traslado de un total de 894 mil 193 pesos. La transacción restante fue calificada como “inusual” y conllevó la transferencia de 50 mil 400 pesos. En todos los rubros la entidad ocupó el último o penúltimo lugar.
Los “relevantes” son desplazamientos de sumas de dinero iguales o mayores al equivalente a 10 mil dólares en moneda nacional. Los “inusuales” son operaciones que no concuerdan con el historial del cliente y/o el receptor desconfía del destino final de los recursos. Al abordar la problemática en el orden nacional la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de dicha dependencia argumentó de manera tajante:
“Muchas gasolineras, a partir de la Reforma Energética lo que hacen es comprar carburante a Pemex y/o importarlo. Sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado ante la empresa del Estado. ¿Qué significa eso? Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol. Esto nos ha llevado también a una serie de casos y el análisis por ‘lavado’ de dinero”.
De hecho, la Secretaría de Energía federal (Sener) informó que desde 2013 la superintendencia de la antigua paraestatal en Tuxtla Gutiérrez registra altibajos en la comercialización de petrolíferos. Sólo en el ejercicio anterior colocó 739 mil 315 metros cúbicos de gasolinas y 156 mil 372 de diésel, 13 y 34 por ciento menos, respectivamente, en ambos escenarios en contraste con 2012.
La SHCP no precisó las localidades del estado desde donde fueron generados los reportes de esos movimientos “inusuales” y “preocupantes”. Con base en un mapa proporcionado por la propia institución y en el principio de que los sujetos que están en ese supuesto pueden actuar en dos o más plazas, puede inferirse que esos traslados fueron llevados a cabo en la zona limítrofe con Guatemala y en las regiones Fronteriza, Soconusco, Centro, Costa y Altos.
“El modus operandi implica no sólo la comercialización del huachicol, del combustible robado a Pemex, sino el blanqueo de esos capitales en el sistema financiero a través de diversas operaciones. Hemos detectado transferencias internacionales (…) cómo servidores públicos adquieren de manera anual bienes inmuebles a nombre propio y de sus familiares o personas cercanas. Y cómo se compran boletos de avión, joyas y, en general, obras de arte para efecto de blanquear capitales provenientes del robo de hidrocarburos”, destacó la UIF al abordar la problemática en todo el país.
El primero, sabotaje a la infraestructura para transportar crudo y derivados. Pemex informó que entre 2000 y 2018 identificó 51 tomas clandestinas en los ductos que administra en la entidad, de las cuales 15 correspondieron al año pasado. Todas fueron halladas en Reforma, un municipio del el Norte, zona en la que la antigua paraestatal extrae hidrocarburos. Durante el ejercicio anterior en todo el país en las tuberías de la ahora empresa productiva del Estado ocurrieron 14 mil 894 actos de ese tipo. Chiapas aportó apenas 0.1 por ciento de ese saldo.
Una infografía elaborada por un diario de circulación nacional, basada en reportes de Pemex y las extintas Comisión Nacional de Seguridad y Procuraduría General de la República (PGR), que muestra la relación entre los casos de “ordeña” a los ductos de la antigua paraestatal y el área de influencia de los grupos el crimen organizado, revela que presuntamente Chiapas está dentro de la zona de influencia del “Cártel del Golfo”.
El segundo, comercialización de litros incompletos. El jefe de Operaciones de la Terminal de Transferencia de Tuxtla (TTT), Juan Manuel Márquez Gutiérrez, aseveró que la percepción de los transportistas es que algunas franquicias no despachan “litros de a litro”, sin importar que sean o no auspiciadas por Pemex.
El tercero, el robo de pipas. El presidente de la asociación civil Distribuidores de Combustibles de la entidad (Discom), Juan Limberg Hernández Bonifaz, dio a conocer que de diciembre a la fecha desconocidos “secuestraron” al menos cinco carros tanque que llevaban petrolíferos a la entidad procedentes de la refinería de “Pajaritos”, al transitar por la carretera que conecta a Coatzacoalcos, Veracruz con Ocozocoautla, Chiapas.
El huachicoleo afecta a los proveedores y al fisco. Pemex estimó que por ese fenómeno tiene al año un quebranto equivalente a siete millones 500 mil barriles de energéticos. Por su parte, la SCHP calculó que dicha problemática genera al erario una merma por ejercicio de 20 mil millones de pesos.
De hecho, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en dos expendios con sede en el estado descubrió inconsistencias fiscales relevantes en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2017 por un total de 49.7 millones de pesos, apenas 1.5 por ciento de los tres mil 217 millones de pesos “irregulares” encontrados en esos establecimientos en todo México. Por los fondos, Chiapas ocupó la posición 23 en el escalafón general, aunque por arriba de entidades en los que ese asunto aparentemente está más arraigado como Hidalgo, estado en el que la “ordeña” provocó un trágico accidente en enero pasado.
A ello hay que agregar, resaltó la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que el SAT deja de recaudar por la actividad de los cerca de 50 mil puntos que en todo el país ofertan gasolina de manera clandestina, el cuádruple de las estaciones de servicio que trabajan conforme a la ley.
Para combatir el robo de hidrocarburos, las nuevas autoridades del gobierno federal activaron a finales de 2018 un plan que consta de diversas acciones penales y administrativas, entre ellas el cierre de válvulas de los ductos de Pemex y la priorización de la pipa como medio para distribuir carburantes, a pesar de que el suministro a través del último canal -advirtió la Comisión Reguladora de Energía p CRE- es 14 veces más caro en contraste con las otras vías.
La estrategia, según la administración pública federal, permitió que la ordeña en las instalaciones de la antigua paraestatal decreciera 17 por ciento en todo México. Sin embargo, ante la demanda y el cambio en la logística la empresa productiva del Estado -que aún es el mayor suministrador de combustibles- tardó en entregar energéticos. Para abastecerse algunos concesionarios que operan en Chiapas viajaron a la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de la Refinería “Pajaritos” de Veracruz. El problema es que durante el regreso algunos carros tanque fueron robados, reiteró el presidente de la Discom, Juan Limberg Hernández Bonifaz.
Todos esos sucesos junto con accidentes que también ocurrieron causaron escasez de gasolinas, escenario del que el estado no estuvo exento. El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Chiapas, Francisco Vladimir Estrada Ramírez, reveló que en enero el estado registró al menos un día de carestía de esos productos. Uno de los efectos colaterales fue el encarecimiento de mercancía que vienen del exterior, como el huevo, aseveró el presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Púbico “Juan Sabines” de Tuxtla Gutiérrez, Juan Sánchez.
No obstante, hay cosas iguales o más importantes que el gobierno federal debe llevar a cabo para erradicar el hurto de hidrocarburos. Una de ellas es más vigilancia a las gasolineras regulares. La Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES) propuso reglamentar los estudios de medición volumétrica a los que están obligados, sin olvidar que están forzados a reportar al SAT y a la CRE todos los días sus volúmenes y tarifas de compraventa. Hasta agosto el año pasado en Chiapas existían 293 licencias para comercializar carburantes en franquicias.
Otro aspecto es el cierre de los establecimientos que venden combustibles en la clandestinidad. La AMPES estimó que el huachicoleo causa a los concesionarios un daño por ejercicio equivalente a 20 mil millones de pesos en todo el país. Para la Onexpo, el cierre de las tuberías de Pemex favorece al sector formal, debido a que orilla a las empresas a regresar a la oferta legal de energéticos.
También hay que fortalecer la seguridad en los caminos. Como quedó evidenciado en el último periodo de desabasto, el robo de pipas que transportan gasolina en las rutas que conectan a las TAR de las refinerías “Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz y sobre todo “Pajaritos” en Veracruz es cosa de todos los días.
Para el presidente de la Discom, Juan Limberg Hernández Bonifaz, esos hechos delictivos son más graves de lo que puede pensarse, debido a que el proveedor es responsable de surtirse de producto cuando la estación de servicio está fuera de la zona de reparto de la antigua paraestatal, así como cuando la unidad está en el conurbado de las grandes ciudades y comunidades.
Un pendiente más: el reforzamiento de la seguridad en la propia infraestructura de Pemex. La Onexpo pidió instalar un sistema que permita identificar con más rapidez perforaciones en los ductos. A ello hay que agregar que la propia compañía productiva del Estado confirmó que algunos de sus empleados y extrabajadores, así como los elementos de seguridad, concesionarios y hasta políticos están involucrados en este fenómeno. El propio Pemex estima que sólo 20 por ciento del robo de carburantes es mediante las tomas clandestinas.
En la entidad hay un complejo procesador de gas natural y más de cien pozos petroleros, algunos en poder de particulares desde 2016. Una firma francesa pretende colocar un ducto en Reforma. En el vecino estado de Tabasco está construyéndose una refinería. Adicionalmente, hay un proyecto para instalar un gasoducto en la Costa y el Soconusco.
Para el síndico del contribuyente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas (CCE), Néstor Gabriel López López, todo esfuerzo será en vano si no es acompañado de labores de inclusión financiera y especialmente de castigos contra quienes hurtan combustibles y/o termina beneficiándose de esta práctica.
Por ello, dijo, hay que continuar con la reducción del uso de efectivo. También hay que usar todas las opciones que provee la ley para atacar esa problemática. Hay la sensación, admitió, que la autoridad aún no emplea todas las alternativas otorgadas por el marco jurídico. La impunidad agrava la situación.
Cuando hay casos de blanqueo de capitales, quien está imputado ofrece pagar la deuda. Hacienda acepta y para el proceso. “Por eso ya no se castiga (…) Ya cobró, ya tiene dinero y ya te tiene en paz”. Por esa razón, en México sólo una de cada cinco acusaciones por “lavado” deriva en un castigo, criticó.
Para recomponer el camino, a inicios de este año el Congreso de la Unión aprobó una reforma al Artículo 19 de la Constitución Mexicana por la que los ilícitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, quien esté inculpado no tendrá derecho a fianza.
La propuesta de esa reforma señaló que un huachicolero únicamente es encarcelado de manera directa cuando hay flagrancia, caso contrario tiene que llevarse todo el proceso judicial. Por ello, de las mil 600 personas detenidas en el país por ese delito sólo una concluyó proceso penal. De 2013 a 2018, Pemex interpuso ante la PGR al menos siete denuncias por la “ordeña” de sus tuberías en la entidad. Se desconoce qué fin tuvieron.
Además, la administración pública federal anunció que orientará ocho acciones de seis programas sociales a 91 comunidades de un total de nueve estados, que están cercanas a los ductos de la antigua paraestatal. La inversión prevista es de 3 mil 857 millones de pesos; no obstante, ninguna localidad de Chiapas fue incluida.
“El fenómeno adquiere otra dimensión de complejidad cuando ocurre participación de miembros de las comunidades, lo cual dificulta la efectividad de cualquiera de las acciones de mitigación del robo de hidrocarburos”, justificó el investigador del ITESM, Fabián Carranza.
Para el experto, también hay que atender el tema del precio de las gasolinas. “Adquirirlos a un precio menor representa una ventaja competitiva para los actores involucrados, incluidos los mismos consumidores”, aseveró. La Sener calculó que en 2032 la entidad demandará 21.4 miles de barriles diarios de combustibles y 8.2 miles de barriles diarios de diésel, respectivamente, comparado en ambos escenarios con 2017.
Pemex también debe cooperar. La empresa productiva del Estado, mencionó, debe dejar de manejar de manera confidencial la información sobre los ductos con el pretexto de la seguridad nacional. “Es un obstáculo para crear una caracterización completa del robo de hidrocarburos, así como para la formulación de políticas públicas que puedan combatirlo”, opinó.
Para Carranza, mientras el marco regulatorio y el Estado de derecho sean débiles, las autoridades y cuerpos de seguridad corruptibles, y haya redes de personal y de infraestructura del crimen organizado, México tendrá un “ecosistema” ideal para el hurto de energéticos.
