Violencia contra mujeres chiapanecas no cesa pese al marco legal que las protege
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Isaí Flores
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Chiapas, 20 de marzo de 2026
Isaí Flores
A casi una década de la alerta de género, Chiapas acumula más de mil 700 muertes violentas de mujeres; Colectivas advierten que la brecha entre el marco legal y su aplicación mantiene a las mujeres en riesgo, jueces sin perspectiva de género, investigaciones deficientes y machismo estructural impiden que las leyes funcionen
En Chiapas existen leyes que en teoría garantizan la protección de las mujeres, sin embargo, la realidad demuestra que la violencia contra ellas no solo persiste, sino que ha ido en aumento. Activistas y colectivos feministas coinciden en que la ley se ha quedado en el papel: falta aplicarla con rigor, sancionar efectivamente a los agresores y fortalecer la labor de investigación de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial, para que los feminicidas reciban sentencias ejemplares y no haya más impunidad.
El estado cuenta con un amplio marco jurídico: la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia; la Ley Ingrid, que castiga la difusión de imágenes de víctimas; la Ley Vicaria, que sanciona a quienes dañan a una mujer utilizando a sus hijos, y la Ley Monzón, que retira la patria potestad a padres responsables de feminicidios. También existen normativas electorales como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Partidos Políticos, que obligan a los partidos a garantizar la paridad de género y evitar la violencia política contra las candidatas. No obstante, en la práctica, las agresiones políticas por razón de género siguen ocurriendo, incluso cuando las mujeres ya ejercen un cargo público.
El espíritu de todas estas leyes busca la igualdad, la no discriminación y el respeto a la dignidad humana, en concordancia con la Constitución mexicana y los tratados internacionales ratificados por México, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Pero la distancia entre la norma y la realidad sigue siendo abismal.
Desde 2016, año en que se emitió la alerta de violencia de género en Chiapas, las cifras son alarmantes: se registran casi mil 700 muertes violentas de mujeres. Municipios como Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores —donde se decretó la alerta— siguen presentando altos índices de feminicidio y violencia machista.
Para Alma Rosa Cariño Pozo, presidenta del Capítulo Chiapas de 50+1, la estadística refleja la falta de resultados concretos. “Las mujeres no queremos ver a todos los hombres en la cárcel, queremos vivir libres de violencia. Apostamos a la prevención, a la atención, pero también a la sanción. El reto mayor del Estado es reeducar y construir una cultura del respeto hacia las mujeres, visibilizar todas las violencias, incluidas las normalizadas en comunidades indígenas como los matrimonios forzados”, enfatiza.
Abogada, activista y exfiscal de la Mujer, Cariño Pozo sostiene que el problema radica en la indiferencia institucional y social. “Nos hemos acostumbrado a la violencia. Falta empatía, falla el Estado y fallamos como sociedad. Hay que reconocer todas las violencias y actuar desde la primera manifestación, no esperar al feminicidio”, advierte.
El violentómetro del Instituto Politécnico Nacional ilustra ese proceso de escalamiento: de las bromas hirientes y el control emocional, hasta las amenazas, violaciones y asesinatos. Denunciar a tiempo —dice— es vital, pero el Estado también debe responder con instituciones capacitadas y una verdadera investigación con perspectiva de género.
La activista Luz María Castillo Moreno, defensora de los derechos de las mujeres con discapacidad, asegura que la exclusión agrava la violencia. “Las personas con discapacidad no estamos incluidas ni protegidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ni representadas en la política. Las sanciones actuales no reparan el daño, y muchas son anuladas por el Tribunal Electoral. Las leyes no están mal, pero no se aplican”, reclama.
En junio pasado, el Congreso de Chiapas reformó el Código Penal para imponer hasta 100 años de prisión a feminicidas. Sin embargo, las activistas denuncian que la nueva pena no se ha aplicado en ningún caso. “Necesitamos jueces y ministerios públicos que juzguen e investiguen con perspectiva de género; cuando no se hace, se revictimiza”, subraya Castillo. Moreno.
Desde su experiencia como diputada por el municipio indígena de Chilón, Flor de María Guirao Aguilar reconoce que el machismo sigue profundamente arraigado en el estado. “En las comunidades indígenas el cambio solo llega con la sensibilización. Cuando los hombres entienden que vienen de una mujer, su madre o su hija, su visión cambia. Pero la ley debe aplicarse siempre”, enfatiza.
Para Maricruz Velasco Nájera, madre de Karla Velasco —víctima de feminicidio en 2018— y representante de la Fundación que lleva su nombre, el cumplimiento de la alerta de género es una deuda pendiente. “Las familias hemos tenido que hacer el trabajo que el Estado no hace: investigar, presionar, buscar justicia. Las leyes se han aprobado por la lucha de las colectivas, pero falta que se cumplan”, denuncia.
Velasco Nájera afirma que la impunidad y la indiferencia institucional continúan marcando los casos de feminicidio. “La cifra de más de mil 700 muertes violentas demuestra que las políticas no funcionan. Hemos tenido gobiernos omisos, carpetas mal integradas, investigaciones inconclusas. Hoy exigimos justicia real”, sostiene.
La activista Aracely López Trejo confía en que las recientes reformas no se queden como letra muerta. “La sociedad civil juega un papel esencial. Hoy las mujeres están en las calles, en los medios, en las aulas. Hay una lucha viva que no se calla. Pero sin aplicación efectiva de la ley, la violencia seguirá siendo una constante”, concluye.
