Sede del Foro sobre Delincuencia Organizada
El Heraldo de Chiapas
La Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública marcó el inicio de un Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial, que introdujo los juicios orales en México.
Esto ha implicado una modificación de los diferentes componentes que integran el Sistema de Justicia Penal, en virtud de la sustitución del modelo penal mixto, por uno predominantemente acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
En este marco y con el objetivo de recibir, sistematizar y analizar propuestas y planteamientos de todas las instituciones y personas interesadas, para mejorar la calidad de la procuración de justicia en México, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, han convocado a la realización de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia.
Dicha consulta se realiza a través de 16 mesas temáticas, nueve foros y una plataforma en internet, para recopilar las mejores propuestas de expertos y ciudadanía en general, siendo la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) la sede del Foro sobre Delincuencia Organizada.
En las instalaciones de la Biblioteca Central Universitaria, especialistas analizaron los estándares, reglas y estrategias para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada, contando con la participación de expertos nacionales y estatales, así como integrantes de la sociedad civil y organizaciones sociales.
Durante el acto de apertura de los trabajos de este Foro, el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández comentó que este evento permite partir de un análisis crítico al marco legal actual, abonando al fortalecimiento de las fiscalías y la solución de conflictos penales en nuestro país.
Al inaugurar este foro, el fiscal General del Estado de Chiapas, Raciel López Salazar, indicó que este es un momento propicio para actualizarse sobre una base constitucional y un código nacional de procedimientos penales, sustentado en la presunción de inocencia y en el debido proceso, para dar una base sólida a la procuración de justicia.
