El magisterio y su paso por el 2018

Como cada año, desde el 2013, cuando se implementaron formalmente las reformas estructurales impulsadas por el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la sección 7 y 40 del Sindicato y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), iniciaron actividades de protesta desde el primer mes del 2018.

Hace 12 meses, la CNTE arrancó sus diligencias con una marcha, en la cual, además de exigir la abrogación de la Reforma Educativa y justicia por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, sumaron la inconformidad en contra de la Ley de Seguridad Interior que, el gobierno “peñista” impuso frenar todo tipo de protestas masivas.

Para febrero, la parte institucional del SNTE, llevó a cabo su IIV Congreso Nacional Extraordinario, donde cerca de tres mil 734 delegados pertenecientes a las diferentes secciones sindicales del país eligieron de nueva cuenta a Juan Díaz de la Torre como presidente del Comité Ejecutivo Nacional.

A diferencia de otros estados, el gobierno veracruzano, encabezado por Miguel Angel Yunes Linares, ordenó la detención del magisterio, específicamente de un camión en el que viajaban miembros de la sección 7 de Chiapas, entre ellos el secretario general, Pedro Gómez Bahamca.

Por la noche, la dirección política de la CNTE condenó la aprehensión de sus compañeros de la sección 7 y del Movimiento Magisterial Popular de Veracruz, y anunció que se convocó a los contingentes de la disidencia magisterial de todo el país a movilizarse de forma sincronizada al siguiente día en las capitales de sus estados. En Ciudad de México se llamó a participar en un mitin frente a la oficina en representación de Veracruz.

Un mes después, justamente el 10 de abril, la Coordinadora ejecutó un plantón de 48 horas en las entidades: Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Guerrero en contra de la Reforma Educativa, para exigir al gobierno federal el cumplimiento del pliego de demandas y la reinstalación de la mesa de negociación con las secretarías de Gobernación y de Educación Pública (SEP).

Sin embargo, el inicio de la “Huelga Nacional” se adelantó seis días, ya que las labores iniciaron el 4 de junio y no el 11 como lo tenían previsto, e iniciaron un paro indefinido nacional para forzar al gobierno federal a instalar una mesa única de diálogo a fin de resolver sus demandas, entre ellas la derogación de la Reforma Educativa.

Dicho acuerdo fue negado por la SEP en julio, quién aseguró que si las autoridades de alguna entidad ejecutara, por motivaciones políticas, actos que contravengan el Artículo Tercero de la Constitución o las leyes generales sobre educación, procedería a interponer todos los medios de defensa que sean necesarios ante los tribunales federales y órganos de fiscalización, así como de procuración de justicia competentes para preservar el Estado de derecho en la materia.

Para agosto, Andrés Manuel López Obrador convocó a todos los pedagogos a lo que sería el primer Foto de Consulta Estatal Participativa en materia de educación; evento en el que participaron miembros del SNTE y también de la disidencia magisterial de la CNTE, que se llevó a cabo en septiembre.

En esa ocasión, quien sería el próximo mandatario del país, aseguró que a partir del 1 de diciembre enviaría un proyecto de iniciativa de Ley para reformar de nueva cuenta los artículos relacionados con formación de la nación; la propuesta fue aplaudida por todo el magisterio, incluso los de la Coordinadora confiaron en la promesa.

Asimismo, a finales de octubre, la dirigencia de la sección 7, anunció movilizaciones para noviembre, donde se reforzarían los reclamos: la restauración de instituciones educativas, así como el pago a los sectores con los que el gobierno de Velasco Coello mantenía deudas, tales como el sector salud, maestros interinos y otros referentes como los colegios de Bachilleres de Chiapas, Nacional de Educación Profesional Técnica, y Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas.