DELITOS CONTRA LA SALUD, PRINCIPAL MOTIVO
ERICK SUAREZ
“En el caso de los pueblos indígenas, el respeto a sus derechos implica el reconocimiento de sus particularidades culturales para que éstas no sean interpretadas como un obstáculo sino como un valor a tomar en cuenta durante su proceso”, puntualizó.
Falta de intérpretes y traductores impide su defensa; hoy es Día de los Pueblos Indígenas
En el estado poco más de 1.3 millones de personas hablan una lengua indígena. El 29 por ciento es monolingüe, es decir, sólo dominan su sistema de comunicación materno que no es el castellano. Pero en caso que vayan a prisión únicamente hay un centenar de personas que puede ayudarles como intérpretes y/o traductores en su juicio, de los cuales sólo un puñado está certificado para tal fin.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) estima que en todo el país hay aproximadamente ocho mil indígenas recluidos. Oaxaca y Chiapas son líderes en la materia. La Procuraduría General de la República (PGR) informó que en la última entidad por ilícitos del fuero federal hasta 2071 había 83 sentenciados y 28 bajo proceso. El estado ocupaba el primer y segundo lugar, respectivamente, en la clasificación general.
“El Amate”, el reclusorio de Tapachula y el nuevo penal federal de Villa Comaltitlán eran las penitenciarías con más población originaria. En los últimos años las imputaciones más comunes en su contra fueron delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia, detalló.
La fracción VIII del apartado “A” del segundo artículo 2 de la Constitución Política Mexicana establece que ante una presunta violación a la ley, los miembros de los grupos étnicos tienen en todo el tiempo el derecho a la asistencia de intérpretes y defensores que conozcan su código lingüístico y cultura, entendiéndose por intérprete el sujeto que tiene como labor oral trasladar un discurso de una lengua de origen a una lengua materna (el traductor cumple la misma función aunque por la vía escrita).
Actualmente en el padrón nacional de intérpretes del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) hay 831 individuos, de los cuales 120 radican en Chiapas, independientemente de la gente que presta un servicio similar en organizaciones no gubernamentales y en dependencia como la CDI y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, entre otras.
Los intérpretes y traductores que cumplen con el estándar 0015 “Interpretación oral de lengua indígena al español y viceversa en el ámbito de procuración y administración de justicia” garantizan que tienen el capital intelectual para participar en juicios como intérpretes. El problema es que a finales de 2017 en la entidad sólo había dos exégetas con ese distintivo, ambos con el manejo de la variante lingüística de tzeltal del norte.
Esas son parte de las razones por las que el 40 por ciento de los indígenas que están detenidos en México purgan un castigo por una falta que no cometieron y que sólo 15 por ciento haya sido orientado por un intérprete, de acuerdo con el investigador Martín Rodríguez Arellano.
Para la asociación civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), la raíz del asunto es el ejercicio del poder desde un sistema hegemónico con una incipiente apertura a asimilar las diferencias. De ahí que en Chiapas, por ejemplo, 52.8 por ciento de los integrantes de grupos nativos que están privados de su libertad estén bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
En la entidad hay alrededor de un millón 706 mil 17 indígenas, equivalente al 27 por ciento de su población total, a la postre la segunda proporción más alta del país. En su territorio son habladas al menos 12 lenguas vernáculas y sus variantes. Tseltal y tsotsil son los que tienen más usuarios. El 20% de las personas que manejan una lengua autóctona en México están en el estado.
