Que acuerdos sean conforme a derecho, exige
ERICK SUAREZ
El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas (Cicch), Efraín Gurría Penagos, indicó que en este sexenio la obra pública se ejecuta en el estado con base en tres características. La primera, la injerencia frecuente de firmas foráneas.
Al menos 30 organizaciones de los sectores empresarial, profesional y social demandaron ayer a los tres niveles de gobierno, que en el proceso de reconstrucción de los lugares impactados por el sismo del 7 de septiembre haya contratos para proveedores del estado, que las relaciones laborales estén apegadas a la ley, que un organismo ciudadano vigile el ejercicio de los recursos destinados para el programa e imposición de castigos para quienes lucren con la emergencia.
El asentamiento que surgió en el tramo carretero Tuxtla-Copoya a raíz del terremoto sería atendido por dos compañías con domicilio en la entidad. Sin embargo, repentinamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal asignó la habilitación a un corporativo foráneo denominado “Tecnosuelos”, afirmó.
La segunda, la participación frecuente de funcionarios. El favoritismo es común en la materia, sin embargo en esta administración la clase política está muy involucrada en la materia, al grado de que algunos servidores públicos tienen sus propias constructoras. La tercera, la violación al Estado de derecho. En este sexenio por lo general no fueron respetados a cabalidad anticipos, estimaciones y facturas. “Algunos compañeros ya están empezando a trabajar en la reconstrucción. Nada más que no hay contratos, no hay anticipos. Hay la confianza hacia el gobierno, pero pedimos que verdaderamente existan los contratos y los recursos”, acotó.
Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del estado (CCE), David Alberto Zamora Rincón, opinó que para que los fondos transferidos a Chiapas para emprender la reconstrucción incidan positivamente en la economía regional, es necesario que la derrama quede en la iniciativa privada (IP) local y sea ejercida conforme a derecho. Por ello, ante cualquier oportunidad de negocio que nazca de manera irregular (por ejemplo, sin contrato), la recomendación a los empresarios es: “No confiemos en la palabra de gobierno”.
“Necesitamos un cambio de modo de pensar. Tenemos que responder responsablemente a la sociedad. Si después del sismo no cambia nuestra manera de actuar, no cambia la manera de gobernar, si seguimos siendo corporativos definitivamente estaremos condenando a las generaciones futuras”, puntualizó.
