En manos del Tribunal Electoral si cumplen o no con ese requisito para elegir a sus autoridades bajo el principio de Usos y Costumbres
ISAÍ LÓPEZ
Desde noviembre del año pasado entregaron al IEPC la solicitud acompañada, según los promoventes, por más de 17 mil firmas, que vendría son poco más del 50 por ciento de quienes conforman el padrón electoral en estas demarcaciones.
Las peticiones de los pueblos y comunidades de Chilón y Sitalá de hacer una consulta ciudadana para determinar el método de elección de sus autoridades comunitarias, está por ahora en manos del Tribunal Electoral del Estado, pues cuando presentaron sus solicitudes el año pasado se les pidió que cumplieran con unos requisitos pero en vez de atenderlos, los combatieron jurídicamente, explicó el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas.
Enfatizó que tras la petición presentada hace más de un año, los promoventes de estos dos municipios acudieron a la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el expediente fue remitido al Tribunal Electoral del Estado y ahora se espera la determinación de los magistrados para dar paso a la atención.
Mencionó que la petición de estos pueblos es similar a la de Oxchuc, donde la consulta ciudadana está en marcha, mientras que en este lugar se acreditó la representación de todas las comunidades, no es el caso de Chilón y Sitalá, esa es la parte que no se ha atendido, los promoventes consideran que no es necesario ese requisito, y decidieron combatir nuestro acuerdo ante los órganos jurisdiccionales.
“Es lo que estamos esperando que resuelva el Teech para que determine si los indígenas están obligados o no a cumplir con los requisitos de acreditar la representación de los promoventes, no hay objeción, simplemente no es un derecho absoluto, quienes hacen la solicitud cumplen con ciertos requisitos, los tiempos lo marcan los magistrados, en cuanto resuelvan, retomamos el tema”, argumentó Chacón Rojas.
En el juicio para la protección de sus derechos político electorales solicitan elección de sus mandos por el sistema normativo indígena de usos y costumbres, la libre determinación de sus autoridades, convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en los artículos 2 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
