La información presentada por la Secretaría de Hacienda sobre el proyecto de presupuesto difiere de la presentada por la Secretaría Administrativa de este Instituto, lo que dio lugar a confusiones entre los asistentes a la reunión.
Es una obligación del Estado dotar de presupuesto para garantizar el derecho a votar y ser votado, por lo que la falta del mismo pondría en riesgo la jornada electoral.
El presupuesto solicitado es estrictamente para garantizar el proceso electoral y atiende a criterios de racionalidad y austeridad presupuestal
Las Consejeras y Consejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), acudieron la tarde de ayer a una reunión de trabajo a invitación del Congreso del estado, con diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, con la finalidad de darle cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado TEECH-JE-001-2018 que obligó al titular del Poder Ejecutivo estatal, a remitir al Congreso el presupuesto íntegro aprobado el 31 de octubre de 2017, por el Consejo General del IEPC, para hacer frente al proceso electoral 2017-2018.
Los representantes del IEPC dieron respuesta puntual y precisa a cada uno de los cuestionamientos que los Diputados plantearon sobre el proyecto de presupuesto; la mayor parte de ellos basados en información errónea o incomparable de procesos electorales estatales anteriores (2012-2015), y en otros casos con circunstancias y realidades diferentes de otras entidades federativas, que fueron retomados en su boletín oficial, a pesar de haber sido aclarados en la reunión.
El presupuesto aprobado por el Consejo General el 31 de octubre de 2017 turnado al Ejecutivo, fue por un monto de $953, 546,174.90 de pesos, sin embargo, el Congreso del Estado sólo autorizó $435,133,513.32 de pesos. Ante esta realidad, las actividades del proceso electoral se han realizado con suma racionalidad y austeridad y a fin de cumplir con las actividades mandatas por la normatividad electoral, se presentó la solicitud de ampliación presupuestal ante la autoridad hacendaria por 200 millones el 15 de marzo del año en curso, lo que no se mencionó en dicha reunión por parte de los funcionarios de Hacienda.
En el comunicado del Congreso se hizo referencia a que el IEPC solicitó 64 millones de pesos para viáticos. Sin embargo, en dicho rubro el anteproyecto del IEPC refiere sólo a 29 millones 357 mil pesos, es decir; casi 35 millones de pesos menos que lo referido en el texto publicado.
Dicho presupuesto de viáticos incluye los gastos para la ejecución y realización de actividades en campo para 1,029 personas integrantes de órganos desconcentrados, responsables de los cómputos de las elecciones municipales y distritales, así como para 1,850 capacitadores electorales locales, lo que representa, sin considerar a la estructura administrativa, un estimado de mil pesos por persona por concepto de viáticos para toda la actividad del proceso electoral.
En cuanto al presupuesto para el voto de los chiapanecos en el extranjero, de los 12.7 millones que señalaron los diputados, ante la autoridad hacendaria solamente se solicitaron cinco millones, como parte de la ampliación presupuestal, recurso necesario para garantizar el voto postal a las y los chiapanecos que residen en el extranjero, particularmente en Estados Unidos.
Es necesario señalar, que la diferencia de costo de un proceso electoral a otro no sólo depende del incremento del índice inflacionario y de otros factores económicos como lo ha estimado la autoridad hacendaria, sino además de disposiciones y mandatos constitucionales y legales, que los propios Diputados del Congreso del Estado han aprobado en ejercicio de su función legislativa.
Aunado a ello la reforma electoral de 2014 obliga a una elección estatal concurrente con la federal, por lo que hay costos que se comparten con el INE. El cambio en la normatividad electoral para este Proceso Electoral implicó también incremento en el financiamiento a los partidos políticos, incorporó la participación de candidaturas independientes y el aumento del número de Ayuntamientos a elegir.
Respecto a la comparación de costos del PREP que hicieron los Diputados, es incorrecta; puesto que, de acuerdo con datos proporcionados por los propios Organismos Públicos Locales, el costo real del PREP de Puebla es de 30 millones y no de 14 como mencionan, y lo mismo sucede con Oaxaca, cuyo costo del PREP fue de 29 millones y no de 15, como afirman en el boletín.
Hay que mencionar también que el costo del PREP, para el caso de Chiapas, incluye, además del PREP Casilla, los costos de Comité Técnico Asesor (COTAPREP), órgano que estamos obligados a instalar por normatividad, así como las actividades del ente auditor del mismo PREP (UNAM).
La difusión de información falsa o desactualizada pone en riesgo la legitimidad del IEPC como árbitro del Proceso Electoral, y merma la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones. Golpear al árbitro electoral como estrategia política, debilita la democracia y abona a deslegitimar a los ganadores de la contienda electoral.
El Consejo General, en el ámbito de sus atribuciones, aprobó un presupuesto racional y austero, más reducido incluso que el de procesos electorales anteriores, al considerar los procedimientos que hay que observar durante el Proceso Electoral para garantizar la equidad en la contienda electoral, en estricto apego a los principios rectores de la función electoral.
El IEPC reitera su disposición al diálogo respetuoso y al trabajo interinstitucional, con el único fin de lograr elecciones ejemplares en la entidad. Las y los consejeros seremos respetuosos de la decisión que el Congreso del estado adopte sobre el cumplimiento de la sentencia judicial en comento, al precisar que en todo momento, el Consejo General será exigente y riguroso para defender su autonomía en todos sus aspectos contra actos tendenciosos; que pretendan menoscabar la función electoral y desinformar a la ciudadanía.
