Desde 1950 a la fecha, la violencia, los conflictos agrarios, desastres naturales e incluso megaproyectos gubernamentales han provocado el desplazamiento de miles de personas en Chiapas
Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas
El desplazamiento forzado en el estado de Chiapas continúa siendo una preocupante problemática que afecta a miles de personas, marcando décadas de conflictos generados por organizaciones criminales, paramilitares y disputas agrarias. La violencia resultante ha provocado desplazamientos masivos de población, siendo un fenómeno que encuentra sus raíces desde la década de 1950, según datos del Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El desplazamiento forzado se define como la situación en la cual personas abandonan sus hogares debido a conflictos, violencia, persecuciones y violaciones de derechos humanos. Este fenómeno puede manifestarse de manera individual, familiar, colectiva o masiva.
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Los primeros casos documentados en Chiapas datan de la década de 1950, relacionados con la instalación de mega-proyectos de desarrollo, como presas hidroeléctricas y pozos petroleros, así como intolerancia religiosa y desastres naturales. Sin embargo, fue durante la década de los 90 cuando la problemática ganó notoriedad gracias a el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En ese período, miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus comunidades debido a bombardeos, enfrentamientos entre el EZLN y el Ejército Nacional, y conflictos derivados de diferencias políticas.
Desde 2011 hasta finales de 2022, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó un total de 40 conflictos en Chiapas, que obligaron a cerca de 14,796 personas a abandonar sus hogares. Muchos de ellos no han podido regresar y se mantienen en refugios, como los desplazados del sector Santa Martha, quienes, tras huir de la violencia perpetrada por grupos paramilitares, ahora residen en una comunidad zapatista sin poder regresar a sus hogares.
En este contexto, Manuel Gómez Velasco, portavoz de los desplazados del sector Santa Martha, en el municipio de Pantelhó, declaró en una entrevista que los afectados continúan siendo víctimas de hostigamientos, amenazas, intimidaciones y persecuciones perpetradas por grupos paramilitares.
Reynaldo Pérez Pérez, Defensor de Derechos Humanos de las personas desplazadas, declaró a este medio que los desplazados en Polhó enfrentan condiciones inhumanas, destacando la escasez de alimentos y la insuficiencia de las despensas proporcionadas. Además, en declaraciones anteriores advirtió sobre amenazas de muerte en su contra debido a su labor como defensor de los desplazados de Santa Martha.
Según el Informe Global sobre Desplazamiento Interno (GRID) del IDMC, en 2022 se registraron 9,200 desplazamientos en México. La violencia criminal fue el factor principal, siendo cerca del 90% de estos desplazamientos concentrados en los estados de Chiapas, Michoacán y Zacatecas. En Chiapas, la violencia originó alrededor de 4,300 desplazamientos, siendo La Trinitaria y Frontera Comalapa los municipios más afectados.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha registrado al menos 3 mil 816 personas personas desplazadas en el 2023, como consecuencia de hechos violentos en Chicomuselo, la Selva Lacandona, Motozintla, Mazapa de Madero, Frontera Comalapa, Las Margaritas y Oxchuc.
Sin embargo, también se han documentado desplazamientos forzados debido a la violencia en los municipios de Siltepec, Maravilla Tenejapa, Amatenango de la Frontera, Chenalhó y Pantelhó, sin contar con un número específico de las familias que han huido de la violencia.
