El informe de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) reveló observaciones alarmantes respecto al manejo de recursos
Iván Acuña / El Heraldo de Chiapas
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, bajo la dirección de Carlos Orsoe Morales Vázquez, enfrenta señalamientos por el posible mal manejo de recursos públicos destinados a apoyar a personas de escasos recursos y financiar actividades productivas, deportivas y culturales. Según el informe de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) correspondiente al año 2022, se detectaron irregularidades que podrían constituir un daño a las arcas públicas.
La ASE informó que, durante la auditoría al H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, se observaron desviaciones de recursos en las partidas 4391 (Otros Subsidios), 4411 (Ayudas a Organizaciones y Personas), y 4151 (Transferencias a Entes Públicos Desconcentrados), con un probable daño a la Hacienda Pública Municipal estimado en 709 mil 254 pesos.
La cláusula 79 del Convenio de Soluciones al Pliego de Peticiones 2015, acordada entre las autoridades municipales de la época y representantes sindicales, fue utilizada como supuesto fundamento para autorizar la entrega de recursos a sindicatos. Sin embargo, la auditoría señala que no existe una partida específica que contemple dichas erogaciones.
Según el informe, el Ayuntamiento destinó estos recursos a sindicatos, sin especificar cuáles, para "apoyos económicos de manera mensual" destinados a cubrir gastos de servicios básicos, arrendamientos y mantenimiento. Estos gastos no cumplirían con el objetivo municipal ni con las especificaciones de las partidas presupuestales utilizadas, según la ASE.
La Auditoría destaca que las ayudas a organizaciones y personas deben dirigirse a aquellos de escasos recursos, promoviendo actividades productivas, deportivas, culturales y sociales. El supuesto incumplimiento se sustenta en normativas como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, entre otras.
Hasta la fecha, el gobierno de Carlos Orsoe y su cabildo no han ofrecido aclaraciones ante la Auditoría Superior del Estado sobre el uso de recursos municipales destinados a necesidades ciudadanas para beneficio de sindicatos. Tampoco han proporcionado detalles sobre qué sindicatos recibieron estos recursos, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos por parte de la administración municipal durante el 2022.
