PROPONE EMILIO SALAZAR
El Heraldo de Chiapas
En otro orden de ideas, el legislador propuso una reforma al Artículo 123 constitucional para incorporar a todos los policías municipales del país al régimen de seguridad social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En su segundo informe de labores legislativas, el diputado federal por Chiapas, Emilio Salazar Farías, precisó que al intervenir en la más alta tribuna de la nación, presentó varias propuestas que tenían por objeto la reglamentación de una actividad que genera enojo e indignación social, como el caso de las “escoltas”, tanto de funcionarios públicos como de particulares, cuando abusan de su poder.
“En el caso de los funcionarios públicos, queremos reformar las leyes del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y la del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (FAM) a fin de prohibir la asignación de policías o militares para realizar funciones de seguridad y protección, con excepción del presidente de la República y de determinados secretarios de Estado”, señaló.
En cuanto a los particulares, agregó, “propuse iniciativas para reformar diversas leyes: la del SNSP para establecer que el personal que preste servicios de protección y seguridad privada deberá actuar con estricto apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos; también para que se les sancione ejemplarmente en las conductas que generen algún delito.
Las leyes Federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado, para prohibir que se obligue a los trabajadores a realizar acciones ilegales; y el Código Penal Federal para establecer que cuando existan los delitos de lesiones y homicidios derivados de una orden superior, las sanciones podrán aumentar hasta en una mitad para quien haya ordenado su realización”.
Otro aspecto importante de su agenda legislativa es la salud, “planteé una reforma legal para precisar que en ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de 21 años de edad y sancionar como delito de corrupción de menores a quien les obligue, induzca, facilite o procure su consumo habitual”.
