Los motociclistas fueron golpeados brutalmente por los oficiales
Thiaré García / El Heraldo de Chiapas
“Nos empujaron hasta que Sadday cayó al suelo y lo empezaron a golpear en la cabeza”, dijo su hermano.
El caso ha generado indignación entre los habitantes de Tapilula y ha puesto en cuestión la conducta de la policía municipal en el estado de Chiapas.
Un caso de abuso de autoridad ha sido denunciado en el estado de Chiapas, donde dos hermanos, Juan Pablo y Sadday Fernández Alvarado, fueron agredidos por policías municipales en un retén improvisado. Los hermanos, originarios de Tapilula, viajaban en una motocicleta de regreso a su hogar después de haber visitado a Tuxtla Gutiérrez, cuando fueron detenidos en un retén policial instalado por elementos del Ayuntamiento de Pantepec.
Según los hermanos, al llegar al retén, los policías les pidieron sus papeles y les exigieron una cuota para permitirles continuar su camino. Cuando los hermanos se negaron a pagar, fueron agredidos a golpes. Sadday sufrió lesiones graves, incluyendo una desviación de tabique, una lesión en el pómulo y un hematoma e inflamación en todo el rostro. Ha sido internado en el hospital general de Pichucalco.
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“Estamos sorprendidos por como dejaron a mi hermano”, manifestó Damaris Fernández Alvarado, quien calificó esto como “un abuso de autoridad”, pues sus hermanos no tienen otro delito sólo se resistieron a ser extorsionados por la autoridad municipal.
Los hermanos han identificado a los policías municipales Almilcar "N" y Amparo "N" como los presuntos responsables de la agresión. Damaris Fernández Alvarado, hermana de los agraviados, ha calificado el incidente como un abuso de autoridad y ha manifestado su sorpresa por la gravedad de las lesiones de su hermano.
La familia de los hermanos ha interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra de los municipales de Pantepec. Han demandado que el alcalde Enrique Hernández Vázquez se haga responsable de los daños y perjuicios causados por sus uniformados y que sean sancionados. Además, han solicitado que la CEDH y el fiscal Olaf Gómez Hernández sancionen este hecho y que no quede impune.
