Intentaron darse a la fuga pero no lo lograron
Marcos Ramos
En tanto, los ilegales fueron entregados al Instituto Nacional de Migración para la repatriación a su país de origen.
Jiquipilas. - Gracias al trabajo coordinado entre la policía estatal preventiva y municipal de este valle jiquipilteco, este jueves lograron el aseguramiento de tres presuntos traficantes de humanos y al mismo tiempo, rescataron a 8 personas que ingresaron de forma ilegal a nuestro país.
De acuerdo con los datos obtenidos, las corporaciones referidas patrullaban el municipio por el rumbo del puente Las Flores (tramo Jiquipilas-Coita, km 95) cuando tuvieron a la vista dos autos, cuyos choferes al ver la presencia de la policía aceleraron para darse la fuga pero no lo consiguieron.
A la altura de un desvío conocido como El Yeso, (sobre el cerro Juárez) les marcaron el alto a un coche marca Ford tipo Fiesta con placas del estado de San Luis Potosí que conducía Luis Ángel “N”, en esa unidad viajaban tres personas más que no pudieron acreditar su legal estancia en nuestro país y al ser cuestionados, dijeron que habían pagado al chofer cierta cantidad dinero para que los llevaran al norte del país.
En la otra unidad asegurada, marca Dodge tipo Attitude de color vino también con placas de estado de San Luis Potosí, viajaban 4 adultos más y un menor de edad, ese vehículo lo conducía Luis Fernando “N” de 22 años de edad, igual originario de San Luis Potosí y las personas dijeron lo mismo que las anteriores.
Una vez que los presuntos traficantes de indocumentados fueron trasladados a los separos preventivos, se supo que los ilegales son todos originarios de la República de El Salvador, y responden a los nombres de, Nelson Alejandro de 24 años de edad, Marlen Alexander de 30, Jorge Luis de 25, Gilberto Antonio de 18, Merlín Raymundo de 21, Nelly Concepción de 53, Iris Marisol de 28 y un niño de 2 años.
Una vez que le leyeron la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención, los Potosinos fueron trasladados a la capital del estado para ser puestos a disposición de la Fiscal General de la República (FGR) como probables responsables de delito de violación a la ley general de población con la variante de tráfico de personas, para que esa instancia federal procediera en consecuencia.
