Hablar de seguridad pública exige seriedad, congruencia y, sobre todo, responsabilidad. Hoy México tiene una estrategia de seguridad que está dando resultados. La disminución de los índices delictivos, particularmente en los delitos de alto impacto, no es producto de la casualidad. Es consecuencia de una política que dejó atrás la simulación, que fortaleció la coordinación institucional y que apostó por la inteligencia y la presencia del Estado en el territorio. Reducir la violencia no es una tarea inmediata ni sencilla, pero avanzar en esa dirección demuestra que el camino es el correcto.
Sin embargo, la seguridad no puede analizarse de manera aislada. Para que una estrategia funcione de forma integral, se necesita congruencia y cooperación real entre países. No se puede exigir que México contenga al crimen organizado mientras, al mismo tiempo, se mantiene un flujo constante de armas que cruzan la frontera y terminan alimentando la violencia en nuestras comunidades. Las organizaciones criminales no se fortalecen solo con recursos económicos, sino con armamento que, en buena medida, proviene del exterior.
Durante años, México ha sido receptor de un mercado ilegal de armas que ha potenciado la capacidad de fuego de los grupos delictivos. Ese fenómeno no es accidental ni ajeno a decisiones que se toman fuera de nuestro territorio. Por ello, la cooperación en materia de seguridad debe ir más allá del discurso y traducirse en acciones contundentes para frenar el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México. Mientras ese flujo no se contenga de manera eficaz, cualquier esfuerzo interno enfrentará límites evidentes.
La corresponsabilidad implica reconocer que así como México actúa para evitar que drogas lleguen al norte, del otro lado de la frontera también se deben asumir compromisos claros para frenar el ingreso ilegal de armas, combatir el lavado de dinero y atender los delitos que se gestan en su propio territorio. La seguridad regional no se construye con exigencias unilaterales, sino con obligaciones compartidas y verificables.
En este contexto, es importante reconocer el liderazgo de la nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Su postura ha sido clara y firme: cooperación sí, subordinación no. Defender la soberanía no significa cerrar la puerta al trabajo conjunto, sino establecer reglas claras, respetuosas y equilibradas. La colaboración existe y debe profundizarse, pero siempre desde el respeto mutuo.
Desde el Poder Legislativo respaldamos esta visión. Sabemos que la seguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y que solo con políticas serias, coordinadas y congruentes se podrá consolidar la paz. México está haciendo su parte. Ahora, el reto es que la corresponsabilidad sea real y que quienes han contribuido a inundar de armas a nuestro país asuman plenamente su responsabilidad.
