Corrupción afecta nivel de vida de los juarenses

El colectivo Plan Estratégico de Ciudad Juárez presento un extenso informe sobre la corrupción en nuestro municipio y como está afecta el nivel de vida de todos los fronterizos.

Érika Donjuan, coordinadora de Así Estamos Juárez, presentó en primer lugar datos sobre percepción ciudadana y el ingreso que reciben distintas instancias gubernamentales en sobornos por parte de la población juarense.

Destacó que el gobierno municipal recibió en total 69 millones 620 mil 182 pesos por sobornos en trámites como predial, licencia de funcionamiento y en contactos con autoridades como Seguridad Vial y Policía Municipal.

En el contacto con autoridades de nivel estatal, en recaudación de rentas fue donde mayor ingreso por mordidas hubo, y a nivel federal fue en las detenciones de la Guardia Nacional.

En total, en 2021 hubo un ingreso estimado de 83 millones 322 mil 498 pesos por mordidas que dieron las y los juarenses.

Enseguida, Abelamar Chacón, coordinador de Contraloría Social de PEJ, habló sobre los riesgos de corrupción existentes en las contrataciones y compras municipales.

Por su parte, Sergio Meza, director de PEJ, expuso en cuántos contratos y compras existe riesgo de corrupción y el monto que está comprometido con estas prácticas.

Se habló de que, de los contratos concursados, hubo riesgo de colusión en 21 de 51, y están en riesgo 96 millones de pesos (mdp) de 257 contratados.

Por concurso dirigido, fueron 26 contratos en riesgo, de 51, y 159 mdp de 257. En riesgo por plazos cortos hay 66 mdp, en 20 contratos distintos.

Por adjudicación directa se tienen identificados contratos en riesgo de corrupción por falta de justificación para dar los contratos de esa manera. Fueron 101 contratos y 320 mdp en riesgo, de 135 y 451 respectivamente.

En total, de septiembre de 2021 a febrero de 2022 se contrataron 545 mdp con riesgo de corrupción, que corresponde a 77 por ciento de lo contratado.

Asimismo, se informó que lo recabado y presentado también se entregará a personal de la función pública, y ante la Contraloría Municipal, Sindicatura y la Auditoría Superior del Estado para las investigaciones correspondientes