Víctima de la crisis por la pandemia, cierra el restaurante Degá

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Cristina Cunningham Hidalgo, dirigente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), dijo que al prolongarse las restricciones de operación y ante la amenaza de regresar al color rojo del semáforo sanitario, no se descarta que continúen los cierres.

Recordó que Vips, otro de los restaurantes que regularmente han tenido una buena aceptación por parte de los comensales, también cerró su sucursal de la avenida Paseo triunfo de la República, que se ubicaba a unos metros de la curva de San Lorenzo.

La dirigente señaló que el VIPS mantiene en activo su negocio de la avenida Ejército Nacional.

Añadió que hay muchos negocios ubicados en centros comerciales, como el Degá, que pudieran correr la misma suerte.

Cunningham Hidalgo destacó que VIPS de la Curva tenía afluencia pero no la suficiente, como ha ocurrido con el de la Ejéctito Nacional.

Añadió que ambos forman parte de corporativos que tienen que ver la viabilidad de continuar con sus negocios o no.

Degá corresponde a una cadena que tiene su base en la capital del estado, mientras que el otro está en el interior del país.

Comentó que si bien es cierto se ha logrado un aumento en las ventas, que en los meses anteriores oscilaba entre el 15 y 25 por ciento, y ahora del 35 al 50, el ingreso no es suficiente para sacar siquiera los gastos para llegar al punto de equilibrio.

Comentó que les preocupa que se regrese al color rogo del semáforo sanitario, que vendría a darle la puntilla a muchos negocios que están al borde de la quiebra.

La líder de restauranteros dijo que existe la amenaza de la autoridad sanitaria de sancionar tanto a empresarios como a ciudadanos que no sigan los protocolos sanitarios establecidos, pero consideró que no es la solución.

“No se ha realizado una campaña real de concientización dirigida a la gente, pero si se han aplicado acciones restrictivas y coercitivas en contra de los negocios, no solo por parte de las autoridades sanitarias, también por las de gobernación, afectando aún más a quienes padecen la crisis económica actual.

Si hablamos de los ciudadanos, una sanción de 200 pesos, por ejemplo, afectaría severamente sus ingresos.

No solo debe haber acciones coercitivas en las que se apliquen sanciones económicas y de cárcel, dijo.

También se refirió a que las autoridades no tienen un plan “B” o “C”, para apoyar a los empresarios para que continúen adelante y sostengan las fjuentes de empleo.

Es necesario también, insistió, en que se integren campañas de sensibilización, en que las autoridades salgan a la calle y busquen concientizar a los ciudadanos sobre lo que deben hacer para contribuir a frenar las posibilidades de contagio de Covid-19.

Destacó que ella estuvo al pendiente de la comparecencia de Mirna Beltrán, encargada actualmente de las acciones preventivas, pero solo se habla de sanciones, no de acciones concretar para permitir que sobrevivan los negocios.

Reconoció que el gobierno del estado estableció programas para apoyar a las empresas, pero desgraciadamente no llegaron a la mayoría de la gente.

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