El alcalde Rudy Cruz Jr. denuncia la compra “discreta” de 76 mil metros cuadrados
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) concretó la compra de tres megabodegas en Socorro, Texas, con una superficie total de 76 mil 738 metros cuadrados, para reconvertirlas en centros de detención migratoria, sin notificar previamente a las autoridades municipales, denunció el alcalde de la ciudad, Rudy Cruz Jr.
El edil aseguró que el gobierno federal no informó al Ayuntamiento sobre la operación, valuada en 122.8 millones de dólares, la cual fue formalizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dependencia de la que forma parte ICE.
La ciudad de Socorro, ubicada en el condado de El Paso, se localiza a unos 20 kilómetros de Ciudad Juárez, lo que representa alrededor de 25 minutos por carretera desde el sureste de la frontera juarense. La cercanía convierte el proyecto en un asunto de interés regional, dada la dinámica binacional que caracteriza a esta zona.
“Nadie del gobierno federal se molestó en levantar el teléfono o enviar algún tipo de comunicación para avisarnos de lo que estaba por ocurrir”, declaró Cruz, quien calificó el proceso como “discreto” y expresó preocupación por el impacto que una instalación de gran escala podría tener en los servicios públicos locales.
Socorro es una comunidad predominantemente hispana, conformada por casas bajas tipo rancho y sitios de casas rodantes, donde huertos y acequias de riego comparten el paisaje con centros comerciales al aire libre, paradas de camiones, plantas de reciclaje y almacenes de distribución.
Las bodegas, de dimensiones equivalentes a varios centros comerciales, forman parte de un plan nacional de expansión de infraestructura de detención impulsado por ICE. De acuerdo con autoridades federales, las instalaciones serán adaptadas para cumplir con los estándares de detención establecidos por el DHS.
Sin embargo, en Socorro han surgido inquietudes sobre la capacidad del sistema de agua potable, drenaje y servicios de emergencia para atender un centro de detención de gran tamaño. Además, al tratarse de propiedad federal, el inmueble quedaría exento del pago de impuesto predial, lo que podría afectar los ingresos municipales.
La proximidad con Ciudad Juárez añade un componente estratégico y simbólico al proyecto, en una región históricamente marcada por los flujos migratorios y la cooperación transfronteriza. Mientras tanto, el Ayuntamiento analiza posibles acciones legales o administrativas para exigir mayor información y participación en el proceso. (Con información de AP).
