Operación justicia para Chihuahua tendrá que esperar

Un año después de haber sido detenido y recluido en Miami, Florida en lo que avanza el proceso de extradición del exgobernador César Horacio D. J., en julio de este año el canciller Marcelo Ebrard anunció que sólo restaba que las autoridades del vecino país del norte, desahogaran el caso para que enfrentara a la justicia en México.

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Posteriormente, el abogado defensor Juan Carlos Mendoza informó que un juez federal le concedió un amparo por desconocimiento de los hechos imputados lo que, según el jurista, tenía a su cliente con un pie fuera de la cárcel, incluso con la posibilidad de recobrar sus bienes y hasta ser indemnizado por el actual gobierno.

En septiembre, el acusado tomó la ofensiva y, a través de su defensor, envió una carta abierta al entonces gobernador Javier Corral calificándolo de ser un fraude, mentiroso y una desgracia para los chihuahuenses. De hecho, se reveló la intención de demandar a Javier Corral y exigirle 3 mil millones de pesos “por daño moral”.

Más tarde, el representante legal de César Horacio informó que se logró un acuerdo judicial con la Fiscalía General del Estado de la administración anterior para liberar 10 inmuebles, que estaban asegurados y que según se estableció, el director de Extinción de Dominio, Humberto Chávez, habría solicitado levantar la medida cautelar de aseguramiento.

A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador pareció abrir otra puerta, al indicar que César Horacio D. J. podría ser considerado “testigo protegido”, si aportaba información relevante para más casos de corrupción. De acuerdo con el abogado defensor, no sería una figura a la que el exgobernador le interese acogerse.

Cerca del cierre de año, uno de los exfuncionarios de César Horacio. D., Antonio Tarín fue liberado después de permanecer recluido en el penal de Aquiles Serdán desde mayo de 2017, con lo cual sólo queda detenido Gerardo V. M. quien sería el último eslabón para que se derrumbe la Operación Justicia para Chihuahua, que prometió procesar a decenas de involucrados en actos de corrupción, sólo detuvo a una treintena de supuestos implicados quienes fueron recobrando su libertad ante la debilidad de las carpetas de investigación.

La llamada Operación Justicia para Chihuahua, que inició en 2017 quedó sin efectos en el estado en 2021, al término de la administración de Javier Corral, después de que 31 personas fueron detenidas por supuestos actos de corrupción y cada una fue saliendo libre. Hoy por hoy, sólo permanece en prisión Gerardo V. M., ex funcionario de Hacienda del Estado.

En esos cuatro años, se generaron múltiples operativos e indagatorias y a pesar de todo el tiempo, recurso y personal invertido, ninguna carpeta de investigación llegó a una sentencia condenatoria y a la fecha, en todas se sigue el proceso desde los hogares de los presuntos implicados.

En el caso de Gerardo V. M., se encuentra en el supuesto de que en un par de días pueda obtener su libertad, ya que no tiene ninguna medida cautelar por alguna autoridad en Chihuahua que lo detenga en prisión sino una causa penal del fuero federal y que puede llevar el proceso en libertad condicional.

La liberación más reciente se registró el 20 de diciembre, en el juicio oral 95/19, que permitió salir a Antonio Enrique T. G. tras ganar un amparo para que le modificaran la última de las 10 medidas cautelares que lo mantenían en prisión, lo cual finalmente le concedió un juez de control que finalmente lo envió a su domicilio con una serie de restricciones.

Los especialistas jurídicos han destacado a lo largo de este tiempo, que a la mayoría se les acuso por el delito de peculado, que no requiere de una orden de aprehensión ni obliga a la reclusión, sin embargo, se les detuvo y mantuvo en prisión rebasando el máximo de dos años de prisión sin sentencia. A ello, se ha atribuido que las causas penales vayan cayendo una a una.

Al asumir el gobierno, Javier Corral enfatizó que el ex gobernador César D. J. y su gabinete había generado un desfalco de 6 mil millones de pesos, corrupción que llegaba hasta las esferas del gobierno federal con personajes como Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, lo cual no prosperó y los dichos sólo quedaron en declaraciones. Asimismo, se señalaba al PRI y se arrestó y envió al penal de Aquiles Serdán, a Alejandro G. G., entonces secretario del partido, acusado por un desvío de 250 millones de pesos, los cuales siguen en entredicho si ese dinero corresponde o no al Estado y por la otra causa penal, que se refería al incumplimiento de un contrato para la prestación de un servicio al Gobierno del Estado, se le dictó arraigo domiciliario y continúa el proceso en libertad.