Autoridades estatales preparan cambios legales y refuerzan supervisiones; impugnan la liberación de su propietario
El representante del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, anunció que promoverá una reforma legislativa con el objetivo de evitar que se repita una situación similar a la ocurrida en el Crematorio Plenitud, caso que generó indignación entre familiares de personas fallecidas.
La propuesta surge después de una reunión entre autoridades y deudos afectados, quienes exigieron mayores controles y sanciones más severas. El funcionario señaló que la intención es establecer mecanismos más estrictos que garanticen transparencia en los procesos de cremación e inhumación.
Para avanzar en la iniciativa, se han llevado a cabo mesas de trabajo con la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la Secretaría de Salud de Chihuahua y agrupaciones del sector funerario, con el fin de revisar los vacíos normativos y proponer ajustes que fortalezcan la supervisión sanitaria.
Uno de los puntos que se analizan es el plazo legal de 48 horas que actualmente tienen las funerarias para realizar la inhumación o cremación. De acuerdo con lo expuesto en las reuniones, dicho periodo resulta insuficiente cuando existen demoras hospitalarias para la entrega de los cuerpos, lo que reduce el tiempo disponible para que las familias puedan despedirse.
En paralelo, el Gobierno del Estado manifestó su desacuerdo con la resolución judicial que permitió la liberación del propietario del crematorio. Ortiz Villegas afirmó que la administración estatal también se considera afectada por los hechos y que respalda las acciones legales emprendidas.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ya interpuso un recurso para impugnar el amparo concedido y buscar que se revierta la decisión. Según el funcionario, de ser necesario se emitirá una nueva orden de aprehensión y se revisará la actuación judicial correspondiente.
Además de la vía legal, las autoridades informaron que se intensificaron las inspecciones a establecimientos funerarios en la ciudad. Estas revisiones pretenden verificar el cumplimiento de normas sanitarias y administrativas, a fin de prevenir irregularidades similares.
Finalmente, se confirmó que la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua realiza una indagatoria interna para determinar si existió omisión o responsabilidad por parte de servidores públicos. Sobre las solicitudes de renuncia de algunos funcionarios, se precisó que cualquier decisión dependerá de los resultados de una investigación exhaustiva y no de presiones externas.
