Solicita que escuchen las preocupaciones del sector obrero-patronal y sea modificada; fue aprobada recientemente por la Cámara de Diputados
Salvador Miranda
Por su parte, Cristian Velázquez, representante de Canacintra, subrayó que el derecho a la vivienda digna es un derecho humano reconocido constitucionalmente.
Los representantes de Coparmex en Chihuahua hicieron un llamado a los senadores del estado para que escuchen las preocupaciones del sector obrero-patronal y modifiquen la Ley de Infonavit recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, con el fin de proteger el patrimonio de los trabajadores.
Los miembros de Coparmex expresaron su preocupación y desacuerdo ante los posibles riesgos derivados de la aprobación de la ley en los términos establecidos por la Cámara de Diputados. Mario Cepeda, presidente de Coparmex Juárez, destacó que, si la ley se aprueba tal como está, podría causar un daño significativo al patrimonio de los trabajadores.
Señaló que el principal problema radica en la eliminación del tripartidismo en el consejo de administración del Infonavit. Actualmente, este consejo está compuesto por tres representantes del gobierno, tres del sector obrero y tres del sector patronal, con el mismo poder en la toma de decisiones; sin embargo, la propuesta del gobierno federal cambiaría esa estructura, otorgando al gobierno el control total de los fondos.
La propuesta de reforma a la Ley de Infonavit se presentó a finales del año pasado, y tras la aprobación de un borrador, se pospuso debido a las quejas de los organismos empresariales; sin embargo, recientemente la Cámara de Diputados aprobó el texto con algunas modificaciones superficiales, pero sin abordar los puntos fundamentales solicitados.
Cepeda también comentó que una de las intenciones del gobierno es crear una empresa constructora bajo el Infonavit, la cual estaría encargada de la construcción de viviendas; sin embargo, esta empresa no estaría supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni por la Secretaría de Hacienda, sino por el SAT, lo que generaría incertidumbre.
Se estima que alrededor de 240,000 millones de pesos, correspondientes al patrimonio del Infonavit, estarían bajo la discrecionalidad del gobierno federal. Cepeda advirtió que esto podría poner en riesgo los recursos destinados a la vivienda y, en última instancia, los fondos de retiro de los trabajadores, al no poder acceder a un crédito de Infonavit.
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Citó el artículo 113 constitucional, que establece la prioridad de un gasto público eficiente, y recordó que la Constitución garantiza el acceso a una justicia completa; no obstante, expresó su preocupación de que las acciones recientes del gobierno federal estén afectando estos principios fundamentales.
