El documento aclara que los programas destinados a veteranos y empresas propiedad de veteranos permanecerán vigentes, al considerar que estos apoyos se basan en el servicio prestado al país y no en características inmutables.
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El fiscal general de Texas, Ken Paxton, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. / Foto: Facebook / Oficina del Fiscal General de Texas.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, emitió una opinión legal sin precedentes por su tamaño y alcance, en la que declara inconstitucionales las políticas y programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) dentro del Gobierno del estado. El documento sostiene que décadas de marcos normativos progresistas, reflejados en más de 100 leyes estatales, violan principios constitucionales fundamentales.
El dictamen abarca programas de DEI implementados tanto en instituciones educativas como en gobiernos estatales y locales de todo Texas. Además, advierte que no sólo las entidades públicas estarían sujetas a revisión, sino también las empresas privadas que incurran en este tipo de prácticas, las cuales podrían enfrentar responsabilidades legales significativas bajo leyes estatales y federales.
“Esta acción para desmantelar la DEI en Texas ayuda a cumplir la visión articulada por Martin Luther King, Jr., cuando soñó que sus hijos algún día vivirían en una nación donde serían juzgados no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter”, afirmó el fiscal general Paxton.
En su argumentación, Paxton sostuvo que Estados Unidos comienza a reconocer lo que calificó como una “flagrante injusticia” de las políticas de DEI, al considerar que las personas deben ser evaluadas por su mérito, carácter y cualificaciones, y no por su raza, sexo u otras características inherentes. Aseguró que la Constitución existe para proteger la igualdad de oportunidades y que la discriminación racial, además de ser moralmente incorrecta, es ilegal.
“Es imperativo que todos los empleadores del sector privado, las escuelas y las entidades gubernamentales estatales y locales deroguen de inmediato cualquier programa de DEI, acción afirmativa o discriminación inconstitucional bajo su jurisdicción”, argumentó el fiscal, al señalar que la ley no permite el favoritismo basado en la raza bajo el pretexto de la equidad.
El documento sostiene que, tras décadas de impulso a políticas progresistas, la DEI “es cosa del pasado” en Texas, y que esta nueva guía legal restablece un marco basado en el mérito. Asimismo, recalca que la legislación estatal no permite la discriminación aun cuando se promueva en nombre de la equidad.
La opinión legal también anula una postura emitida en 1999 por el entonces fiscal general John Cornyn, quien, según Paxton, dejó sin resolver cuestiones constitucionales clave al revocar una opinión previa que defendía principios de igualdad. Esto, afirma el actual fiscal, permitió la proliferación de prácticas discriminatorias dentro del gobierno estatal durante décadas.
Entre los programas cuestionados se encuentran los dirigidos a Empresas Históricamente Subutilizadas (HUB por sus siglas en inglés), los cuales, de acuerdo con el dictamen, establecen clasificaciones raciales, étnicas y de sexo que violan la Cláusula de Igual Protección de la Constitución de Estados Unidos y la Enmienda de Igualdad de Derechos de la Constitución de Texas. Paxton argumenta que priorizar recursos públicos con base en estos criterios constituye una mala administración de los fondos de los contribuyentes.
La opinión también analiza programas como el de Empresas Comerciales Desfavorecidas (DBE por sus siglas en inglés), así como estatutos que exigen considerar la raza o el sexo para integrar juntas, comisiones y comités estatales. El fiscal concluye que dichas políticas no superan el escrutinio constitucional y refuerzan estereotipos ofensivos al asumir que las personas representan intereses colectivos por su raza o sexo.
Paxton vinculó su análisis con el fallo de 2023 de la Corte Suprema de Estados Unidos, que puso fin a la acción afirmativa basada en la raza en las admisiones universitarias, al declarar inconstitucionales los programas de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte. En esa resolución, la Corte sostuvo que “eliminar la discriminación racial significa eliminarla por completo”.
A partir de ese precedente, el fiscal general afirmó que su opinión legal constituye el documento más amplio y vinculante desde dicho fallo, al extender el rechazo a las preferencias raciales más allá del ámbito educativo y aplicarlo a todo el gobierno estatal y al sector privado.
“La Procuraduría General continuará investigando y exigiendo responsabilidades a cualquier distrito escolar, entidad gubernamental local, agencia estatal o programa que intente utilizar la DEI o la acción afirmativa como pretexto para la discriminación ilegal o la coerción ideológica”, advirtió la dependencia, al reiterar que Texas no permitirá que se evada la Constitución “bajo otro nombre”.
