“Salus populi suprema lex esto” “La seguridad del pueblo debe ser la ley suprema”.
Marco Tulio Cicerón (Político, filósofo, escritor, jurista y orador romano 106 a.C. a 43 a.C.)
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La captura de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, que derivó en su muerte durante el operativo federal del 22 de febrero de 2026, no abrió una puerta inmediata a la paz, sino una jornada de represalias que exhibió, otra vez, la capacidad de daño del crimen organizado. Reuters documentó que, tras el operativo, hubo violencia en varios estados, 85 bloqueos ligados al cártel, vuelos cancelados a Puerto Vallarta y hasta la imposibilidad de aterrizar inicialmente en Guadalajara por el nivel de tensión. Esa escena, por sí sola, es una derrota moral para cualquier Estado que se tome en serio.
Y duele más porque no estamos hablando de rincones remotos del mapa, sino de dos vitrinas nacionales: Puerto Vallarta y Guadalajara. De acuerdo con DataTur, ambos aeropuertos están entre los que concentraron más llegadas internacionales en México durante enero-noviembre de 2025. Además, Grupo Aeroportuario del Pacífico había anunciado inversiones millonarias para ampliar precisamente la capacidad de Guadalajara y Puerto Vallarta, reconociendo el peso estratégico de ambos polos para la economía, la conectividad y la imagen del país. Cuando la violencia toca esos nodos, no lastima solo a Jalisco: lastima la marca México.
Como hotelero y restaurantero, lo digo sin rodeos: no hay industria más sensible al miedo que el turismo. El turismo vive del deseo, pero sobre todo de la confianza. Un turista puede perdonar una lluvia inesperada, una demora en el equipaje o una tarifa alta; lo que no perdona es sentir que su vida puede quedar atrapada entre una carretera bloqueada, un vehículo incendiado y una ciudad paralizada por el mensaje criminal de “aquí mandamos nosotros”. En Puerto Vallarta se tuvo que resguardar a visitantes en aeropuerto y hoteles; los vuelos salieron primero al 40%, luego al 80%, y apenas después se normalizaron. Al mismo tiempo, Canadá actualizó su aviso de viaje y reiteró que en México debe ejercerse un alto grado de precaución por criminalidad y secuestro. Guadalajara también resentió el golpe logístico y reputacional, hasta el punto de poner en entredicho eventos y movilidad. Eso no se corrige con discursos optimistas, sino con autoridad real.
Aquí es donde conviene decir una verdad que muchos prefieren posponer: mientras las drogas sigan siendo un negocio gigantesco entregado al mercado clandestino, el narcotráfico seguirá teniendo una caja registradora inagotable. Se captura a un capo, cae un jefe regional, se incauta un cargamento, se decomisan armas, y sin embargo el negocio permanece porque la rentabilidad permanece. Por eso, a mi juicio, la legalización regulada no es una concesión moral al delito, sino una estrategia de Estado para arrebatarle al crimen la renta extraordinaria que hoy financia sicarios, corrupción, bloqueos, drones, halcones y terror. No hablo de ingenuidad. No digo que la legalización sea una varita mágica. Digo que prohibir sin controlar ha terminado por fortalecer a los peores actores.
La otra verdad es igual de severa: la seguridad no puede ser presentada como una aspiración abstracta. Es una obligación esencial del Estado. Por eso me parece correcta, necesaria y hasta saludable la salida del secretario de Seguridad Pública del municipio de Acapulco, Arturo Bailleres Mendoza, luego de declarar que “nunca se puede garantizar la seguridad”. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó esas palabras como “desafortunadas” y sostuvo que el gobierno trabaja para garantizar la paz y la seguridad en Acapulco; este 27 de febrero se confirmó la salida del funcionario en medio de la reestructuración municipal.
Celebro esa renuncia no por ánimo de linchamiento, sino por una cuestión de higiene pública. Un jefe de seguridad no está obligado a prometer milagros, pero sí está obligado a transmitir convicción, estrategia y mando. Cuando quien encabeza la seguridad empieza por relativizarla, el mensaje para el ciudadano es devastador: “arréglense como puedan”. Y no. No se puede gobernar una ciudad turística, una metrópoli o un puerto emblemático desde la resignación. El Estado puede no controlar cada centímetro, cada minuto y cada conducta individual, pero sí debe garantizar condiciones razonables, crecientes y visibles de orden. Esa es precisamente la diferencia entre una autoridad imperfecta y una autoridad derrotada.
México necesita abandonar dos hipocresías al mismo tiempo. La primera: fingir que la estrategia de descabezar cárteles, por sí sola, basta. La segunda: fingir que el turismo puede prosperar en burbujas blindadas mientras el resto del territorio arde. No hay promoción turística suficientemente brillante para tapar un video de autobuses incendiados. No hay campaña de relaciones públicas que venza una percepción internacional de miedo si las imágenes de caos circulan primero. Puerto Vallarta y Guadalajara merecen algo mejor: inteligencia financiera, policía profesional, ministerios públicos eficaces, investigación patrimonial, control territorial, coordinación real de los tres órdenes de gobierno y una ruta seria para quitarle al narcotráfico la palanca económica que lo mantiene vivo.
Yo quiero un México que reciba turistas, sí, pero sobre todo un México donde sus propios ciudadanos puedan vivir como si no fueran extranjeros en su propia calle. Quiero un Puerto Vallarta conocido por sus playas y su hospitalidad, no por el humo de una represalia criminal. Quiero una Guadalajara admirada por su cultura, su innovación y su potencia económica, no puesta en duda por la sombra de un cártel. Y quiero un Acapulco en el que ningún funcionario de seguridad vuelva a hablar como si la impotencia fuera doctrina oficial.
La seguridad no es un favor. No es un eslogan. No es una rueda de prensa. Es la base mínima de la civilización. Cuando falla, el turismo tiembla, la inversión retrocede, la vida cotidiana se encoge y la libertad se vuelve una palabra hueca. Por eso hay que enfrentar el problema completo: crimen, mercado ilegal, corrupción, impunidad y cobardía institucional. Lo demás son paliativos.
