El decreto entra en vigor este 2022 para la presentación de la cuenta pública
Celso Castro / El Sol de Acapulco
El presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero, Eduardo Balbuena Herrera, lamentó la consumación de la derogación del artículo 13-Bis de la Ley de Fiscalización de Guerrero que obligaba a los entes públicos y organismos públicos descentralizados a dictaminar estados financieros para presentar la cuenta pública y cumplir con las políticas de transparencia.
Esto, dijo, representa un retroceso e impedirá que se cumplan con las políticas del sistema nacional anticorrupción y provocará que los entes prescindan de los servicios de un contador público certificado, que eran los encargados de dictaminar los estados financieros y cumplir con la Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.
La derogación de este decreto entra en vigor este 2022 para la presentación de la cuenta pública y por ello es que están solicitando al Congreso del Estado se les informe sobre los motivos del porqué de la derogación y expresarles que les preocupa que va en contra de las políticas del plan de desarrollo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que era apostar a las auditorías financieras de los entes públicos.
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Pero es todavía más preocupante que no se llevó a cabo la aplicación de ley, por eso el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero seguirá pugnando que se rectifique y que los que integran la Sexagésima Tercera Legislatura procedan a analizar la conveniencia de que no se permita el riesgo de abrir la puerta a la corrupción, dijo Balbuena Herrera.
Sostuvo que este estado suriano necesita una verdadera reforma de Fiscalización y que transparente la cuenta pública, en virtud que a través de los dictámenes de un tercero, obviamente, siempre va hacer las observaciones correspondientes, pero sobre todo garantiza que el patrimonio esté registrado y que los bienes de la sociedad estén salvaguardados.
Insistió que se trata de un gran retroceso "fue un aborto de ley", pues prácticamente las entidades fiscalizables no podrán garantizar su información financiera gubernamental de las cuentas públicas que se presenten ante la Auditoría Superior del Estado, lo que implica que la corrupción esté latente.
